El proyecto de ley busca estandarizar un mismo tipo de conexión para los distintos teléfonos, tablets, cámaras, parlantes, consolas portátiles y otros dispositivos electrónicos, sin importar la marca. Actualmente, esto es un problema común debido a la diversidad de puertos de conexión utilizados por Apple y otras firmas tecnológicas.

El cargador que sería universal en caso de aprobarse la ley.

Aunque la normativa no especifica un cargador en particular, se espera que el estándar inicial sea el USB-tipo C. El diputado UDI Cristóbal Martínez explicó a La Tercera que esta decisión se tomó para facilitar futuras actualizaciones cuando el estándar actual quede obsoleto. “Va a ser un reglamento el que defina el tipo de entrada, que por ahora va a ser esa, para que con el avance de la tecnología después sea más fácil ir modificando las entradas”, comentó Martínez.
El objetivo del proyecto es estandarizar un cargador universal que simplifique el uso de equipos electrónicos y reduzca el impacto ecológico de estos aparatos.

Durante su intervención en la comisión de Economía del Senado, el director nacional de Sernac, Andrés Herrera, mostró su optimismo ante esta regulación, subrayando los beneficios para los consumidores y el medio ambiente. El texto del proyecto establece que quienes vendan dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán garantizar la interoperabilidad entre los equipos y los cargadores. Los comercializadores también deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir los dispositivos y los cargadores por separado, sin obligar a comprar ambos juntos.

Además, se deberá informar claramente si el cargador está incluido en la compra del dispositivo móvil. Otras disposiciones del proyecto de ley delega al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la responsabilidad de definir las categorías de productos que se ajustarán a la norma, así como las especificaciones técnicas y la implementación.

En caso de que la ley sea aprobada, las empresas tendrán hasta 2 años para adaptarse a la nueva normativa en el caso de los teléfonos móviles, y hasta 4 años para otros tipos de aparatos electrónicos.