El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó este viernes que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fue reelegido en los comicios presidenciales del domingo pasado con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% obtenido por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia. Esta información se presentó con el 96,87% de las actas escrutadas.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dio a conocer este segundo boletín -luego del presentado el domingo con el 80% de las actas escrutadas- sin que todavía la institución publique los resultados desglosados, debido a un “ataque masivo” al sistema, que no impidió la proclamación de Maduro como ganador.
Según este segundo balance, Maduro obtuvo 6.408.844 apoyos, mientras que González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reunió 5.326.104, en una votación en la que participó el 59,97% del censo electoral (12.386.669). De este total, el 0,41% se consideró como votos nulos por alguna anomalía en el proceso.
En tercer lugar quedó el diputado Luis Eduardo Martínez, respaldado por partidos tradicionales que están bajo intervención judicial, quien obtuvo un 1,24% de los votos, mientras que los otros siete candidatos estuvieron por debajo de esta cifra, como lo habían pronosticado las encuestadoras.
Amoroso recordó que el CNE ha sufrido “ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo” que “retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados”, una denuncia que está siendo investigada por la Fiscalía. Se señala por este caso a la líder antichavista María Corina Machado y a otros opositores.
Este boletín se da a conocer tres días después de que la PUD publicara en una página web “el 81%” de las actas electorales que demuestran, según el antichavismo, que González Urrutia ganó por amplio margen la Presidencia, lo que ha sido reconocido por países como Estados Unidos, Argentina y Perú.
Tras la denuncia de fraude, se suscitaron numerosas protestas en Venezuela que se saldan con 12 muertos -entre ellos un militar- y más de 1.200 detenidos, una situación que el Gobierno ve como un golpe de Estado, por lo que ha llamado a los cuerpos policiales y militares a extremar el control.
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