El organismo fiscalizador reveló atrasos de hasta 13 años en el ingreso de perfiles genéticos, descoordinación interinstitucional, falta de insumos y un sistema tecnológico obsoleto.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió fallas graves en el funcionamiento del Sistema Nacional de Registros de ADN, herramienta clave para la identificación de personas y el esclarecimiento de delitos. El diagnóstico está contenido en el Informe de Investigación Especial N°6 de 2025, que da cuenta de una cadena de omisiones institucionales que debilita el uso de esta base de datos genéticos, administrada por el Servicio Médico Legal (SML) mediante el aplicativo CODIS.
Uno de los principales hallazgos indica que entre la toma de muestras biológicas y su ingreso al sistema han transcurrido hasta 13 años, debido a demoras tanto en el análisis por parte del SML como en el envío de las muestras por parte de Gendarmería de Chile. Esta situación afecta directamente la posibilidad de cruzar información entre condenados, imputados, víctimas, desaparecidos, evidencia y familiares, obstaculizando múltiples investigaciones penales.
La Contraloría también reveló que entre 2023 y 2024, los laboratorios de Carabineros y la PDI elaboraron 5.172 informes genéticos a petición de la Fiscalía Nacional, pero el 85% no fue ingresado al sistema, ya que los fiscales sólo remitieron los casos que indicaron expresamente, dejando el resto fuera del registro.
A ello se suma que a diciembre de 2024, el SML acumulaba 25.000 perfiles genéticos pendientes de ingreso al sistema CODIS, debido a falta de datos requeridos por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI). Esta situación, lejos de ser aislada, revela una subutilización sistemática del sistema nacional de ADN.
Otro aspecto crítico detectado por el informe fue la falta de insumos en centros penitenciarios: al 19 de diciembre de 2024, Gendarmería contaba con solo 400 kits disponibles para la toma de muestras, pese a tener 5.771 internos pendientes, lo que refleja una falla logística grave que afecta la trazabilidad penal.
Finalmente, el informe señala que el sistema CODIS no ha sido actualizado desde 2009, lo que implica riesgos operacionales, falta de soporte informático por parte del FBI y vulnerabilidad ante fallas o desconfiguraciones, ya que opera sobre un sistema obsoleto.
Ante este escenario, la Contraloría ordenó una serie de acciones inmediatas: el SML deberá coordinar con la Fiscalía Nacional un plan para optimizar el uso del sistema, implementar medidas de control junto a Gendarmería para garantizar la toma y análisis oportuno de muestras, y gestionar con la Subsecretaría de Justicia la adquisición de kits y la actualización tecnológica del CODIS, incluyendo plazos, actividades y documentación de respaldo.
El informe evidencia no solo problemas técnicos, sino una falta de gobernanza institucional en el manejo del sistema de ADN, cuya eficiencia resulta crucial en un contexto de alta demanda de justicia, búsqueda de personas desaparecidas y persecución penal eficaz.


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