Subtel bajo la gestión de Claudio Araya (PC) acumula observaciones de Contraloría por $100 mil millones

Una serie de auditorías realizadas entre 2023 y 2025 revelan fallas críticas en el cobro de garantías y gravámenes por el uso del espectro radioeléctrico. Los montos no gestionados por el organismo fiscalizador han escalado sistemáticamente durante la actual administración.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dirigida por Claudio Araya (PC), se encuentra en el centro de una controversia financiera tras conocerse el balance acumulado de diversas auditorías de la Contraloría General de la República (CGR). A marzo de 2026, los informes del organismo fiscalizador revelan que la Subtel ha dejado de percibir o ha gestionado de forma deficiente recursos públicos que suman aproximadamente $100.000 millones.

El origen: Garantías de Educación (2023) El historial de irregularidades comenzó a documentarse en octubre de 2023 con el Informe Final N° 546/2023. En dicha instancia, la Contraloría detectó que la Subtel no inició el cobro de boletas de garantía por un valor de $24.771 millones correspondientes al programa «Conectividad para la Educación 2030», pese a los incumplimientos de las empresas adjudicatarias.

La escalada: El espectro radioeléctrico (2024-2025) Posteriormente, una segunda auditoría identificó anomalías aún mayores en el cobro de gravámenes por el uso del espectro radioeléctrico. Según el ente fiscalizador, la Subtel dejó de cobrar más de $60.000 millones en derechos, advirtiendo que la institución no mantiene información sistematizada, confiable ni precisa sobre las concesiones otorgadas. Este hallazgo motivó un sumario administrativo iniciado a mediados de 2025 que aún se encuentra en etapa de indagatoria.

Nuevos hallazgos: Proyecto FON (2025-2026) La cifra total se completa con una tercera auditoría al proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON), instruida en agosto de 2025 bajo el oficio N° 132.777. En este proceso se investigan cerca de $10.000 millones adicionales en garantías no ejecutadas. Existen, además, cuestionamientos sobre la veracidad de la información entregada por la autoridad al Senado respecto a estos cobros pendientes.

La persistencia de estas fallas durante la gestión de Araya ha llevado a la Contraloría a instruir múltiples procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes por la falta de resguardo del patrimonio fiscal.