Contraloría endurece reglas para cambiar plantas municipales y advierte sanciones a alcaldes y concejales

El organismo fiscalizador actualizó el instructivo que regula cómo los municipios pueden modificar su planta de personal, fijando límites estrictos de gasto, exigencias de financiamiento real y responsabilidades políticas en caso de errores graves.

La Contraloría General de la República (CGR) actualizó el instructivo que regula la facultad de los municipios para fijar o modificar sus plantas de personal, con el objetivo de asegurar que estos procesos se ajusten estrictamente a la ley y no comprometan las finanzas públicas ni los derechos de los funcionarios.

El documento fue elaborado por la División de Contabilidad y Finanzas Públicas y la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, y fue enviado a todas las municipalidades del país, estableciendo un marco claro sobre qué se puede hacer, cómo se debe hacer y cuáles son las consecuencias si se incumple la normativa.

En términos simples, la Contraloría aclara que los municipios no pueden cambiar su planta de funcionarios a la ligera. Para hacerlo, deben cumplir una serie de requisitos obligatorios, entre ellos, no superar el límite legal de gasto en personal, contar con dinero suficiente y comprobable para sostener esos cargos en el tiempo, y obtener la aprobación del concejo municipal con un quórum especial.

El instructivo detalla que el gasto en personal no puede superar el 42% de los ingresos propios del municipio, y que además se debe demostrar una disponibilidad presupuestaria real, basada en los ingresos y gastos de los últimos años, con una proyección financiera de largo plazo. Si el municipio no puede acreditar esa capacidad económica, simplemente no puede modificar su planta.

Otro punto clave es que cualquier cambio debe respetar la carrera funcionaria. Esto significa que los trabajadores municipales no pueden perder su empleo, su grado ni sus remuneraciones producto de una reestructuración. El documento también regula el encasillamiento de funcionarios de planta y a contrata en las nuevas estructuras, fijando criterios para grados, jerarquías y requisitos de los cargos.

La Contraloría también establece límites claros a la creación de nuevos puestos. Si un municipio decide aumentar su planta, al menos el 75% de los nuevos cargos debe requerir título profesional o técnico, reforzando la idea de profesionalizar el servicio público local y evitar contrataciones discrecionales.

Uno de los aspectos más relevantes del instructivo es la advertencia sobre responsabilidades políticas y administrativas. El documento señala expresamente que una proyección negligente de ingresos y gastos —es decir, aprobar una planta que el municipio no puede financiar— puede constituir notable abandono de deberes, afectando tanto a alcaldes como a concejales que hayan aprobado esa decisión.

Además, el instructivo incluye recomendaciones sobre cómo debe estructurarse el reglamento municipal, qué documentos deben acompañarse y cómo se valida el acto administrativo ante la propia Contraloría, reforzando los controles previos para evitar errores, abusos o improvisaciones.

Con esta actualización, la Contraloría busca cerrar espacios de discrecionalidad, fortalecer el control del gasto público y asegurar que los cambios en las plantas municipales respondan a necesidades reales, con respaldo financiero y respeto a los funcionarios, apuntando a una administración más responsable y transparente en los gobiernos locales.