13 de octubre de 2024

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Contraloría revela graves irregularidades en entrega de licencias de conducir en Renaico y Coronel

Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en las municipalidades de Renaico y Coronel detectaron múltiples faltas de control en la entrega de licencias de conducir, involucrando incluso a funcionarios de Carabineros y la PDI.

Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) publicó dos auditorías que revelan graves irregularidades en la entrega de licencias de conducir en las municipalidades de Renaico, en la Región de La Araucanía, y Coronel, en la Región del Biobío. Ambas investigaciones pusieron en evidencia la falta de control en el trámite y la implicación de funcionarios en prácticas cuestionables.

En Renaico, se descubrió que una funcionaria del Departamento de Tránsito facilitó su domicilio para que personas que no residían en la comuna pudieran obtener su licencia de conducir. Además, otro funcionario habría entregado las respuestas del examen teórico a quienes rendían la prueba. Las irregularidades también involucraron a personal de Carabineros de Chile y la PDI, con siete carabineros declarando un domicilio en una tenencia en la que no trabajaban y dos funcionarios de la PDI usando la dirección de una empleada municipal. Se detectó, además, que 185 licencias no habían sido registradas en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados y que se emitieron permisos a personas que no aprobaron los exámenes requeridos.

En respuesta, la municipalidad de Renaico y Carabineros han iniciado sumarios para determinar responsabilidades, mientras que la PDI tiene un plazo de 60 días para informar sobre sus investigaciones. El informe ha sido remitido al Ministerio Público para su evaluación.

En Coronel, a pesar de un sumario administrativo realizado en 2020, se encontraron más irregularidades. Un funcionario tramitó una licencia clase C para su hijo, violando el principio de abstención. Además, se detectaron faltas de antecedentes en las licencias otorgadas, entrega de licencias de clase B con certificados de estudios sospechosos, emisión de documentos vehiculares sin cumplir las restricciones médicas y la presunta venta de licencias. La CGR ha dado un plazo de entre 60 y 90 días hábiles para que el municipio responda a las observaciones, y el informe también fue remitido al Ministerio Público.