La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó investigar denuncias de presunto hostigamiento contra familiares de la mujer mapuche desaparecida Julia Chuñil, luego de un recurso de amparo presentado por la defensa. El tribunal resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional de Los Ríos para esclarecer eventuales irregularidades durante diligencias vinculadas al caso.
El recurso, presentado por la abogada Karina Riquelme, involucra a Lyssette Sánchez y Etelvina Díaz —nieta y sobrina de Chuñil— y detalla episodios que, según la defensa, incluyen vigilancia con drones en el domicilio de familiares, advertencias sobre eventuales consecuencias legales durante declaraciones y presiones para realizar diligencias fuera de los canales judiciales. Además, se denuncian presuntos comentarios racistas contra la cosmovisión mapuche de la familia.
Entre los hechos descritos, se menciona que un dron habría sido detectado frente a una ventana del domicilio de la pareja de Díaz durante febrero, pese a que —según la defensa— no existiría autorización del Ministerio Público para ese tipo de vigilancia. También se cuestiona que Sánchez habría sido advertida sobre posibles sanciones por “mentir” durante una declaración, mientras que Díaz habría sido citada como imputada por obstrucción a la investigación en circunstancias que la defensa considera irregulares.
Desde el Ministerio Público negaron haber ordenado o autorizado el uso de drones en los domicilios señalados y sostuvieron que las denuncias no configuran una vulneración actual de derechos protegidos por la acción de amparo. Carabineros, en tanto, reconoció el uso de drones únicamente en inmuebles vinculados a hijos de la víctima y aseguró que dichas diligencias se realizaron de día y dentro de procedimientos investigativos.
La apertura de esta investigación añade un nuevo flanco al caso de la desaparición de Julia Chuñil, donde ahora también se pone bajo escrutinio la forma en que se han llevado adelante algunas diligencias policiales y el trato hacia su entorno familiar. La decisión del tribunal busca determinar si existieron prácticas intimidatorias o vulneraciones de derechos durante el proceso investigativo.
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