La dimisión se hará efectiva el 15 de mayo, en medio de cuestionamientos por cambios estructurales y debilitamiento del proceso.
Cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez presentaron su renuncia a sus cargos, argumentando que no existen las condiciones necesarias para continuar con el trabajo encomendado. La decisión fue comunicada mediante una declaración pública, donde se confirma que la salida se concretará el próximo 15 de mayo.
Se trata de la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, quienes señalaron que durante las últimas semanas sostuvieron diálogos con autoridades y presentaron propuestas de ajuste presupuestario, además de antecedentes técnicos para dar continuidad al proceso.
Sin embargo, apuntaron directamente a decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las que (según indicaron) han dificultado la continuidad del trabajo de la comisión.
¿Qué está en conflicto?
Los integrantes salientes cuestionaron una serie de cambios estructurales que, a su juicio, afectan gravemente el funcionamiento de la instancia. Entre los puntos críticos mencionaron:
- La desarticulación del equipo profesional
- Modificaciones en el modelo de trabajo territorial
- El debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios de víctimas
Estos factores, sostienen, comprometen el objetivo central de la comisión.
Una renuncia con advertencia
En su declaración, los comisionados afirmaron que su decisión no implica abandonar el proceso, sino evitar validar condiciones que consideran inadecuadas y que pondrían en riesgo los resultados esperados.
En esa línea, hicieron un llamado al Estado a corregir el rumbo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos vinculados a verdad, reparación y no repetición.
Transición en marcha
Pese a la renuncia, los cuatro integrantes aseguraron que continuarán colaborando en una transición ordenada, con el objetivo de resguardar el trabajo ya realizado por la comisión.
El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del proceso y las condiciones bajo las cuales seguirá operando una instancia clave en materia de derechos humanos y niñez.
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