El ministro de Hacienda reconoció en Estado Nacional que no existen evidencias de fraude en la Pensión Garantizada Universal, pese a haber utilizado ese argumento para justificar revisiones al beneficio.
La controversia por la Pensión Garantizada Universal (PGU) sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera en el programa Estado Nacional de TVN que no existen antecedentes concretos que respalden un eventual fraude masivo en el acceso al beneficio, pese a que el propio Gobierno ha utilizado esa hipótesis para justificar ajustes y revisiones.
En la entrevista, Quiroz admitió que no hay evidencia que permita afirmar irregularidades cuantificadas, señalando que los datos mencionados corresponden más bien a evaluaciones técnicas donde se identifican “posibles espacios” o vacíos en el diseño de los programas. La declaración marca un contraste con sus intervenciones previas, donde había instalado la idea de un eventual “fraude social” asociado a beneficios estatales.
La contradicción: fraude sin pruebas
Previo a esta entrevista, el ministro había defendido los ajustes presupuestarios argumentando la necesidad de “prevenir fraude social o malgasto”, en el contexto de la revisión de programas públicos como la PGU.
Incluso, desde Hacienda se impulsaron lineamientos técnicos que proponían ajustes de hasta un 15% en distintos programas sociales, incluyendo este beneficio dirigido a adultos mayores.
Sin embargo, en su intervención televisiva, Quiroz relativizó esas cifras, indicando que corresponden a tablas referenciales utilizadas en evaluaciones de la Dipres, y no a evidencia concreta de fraude o abuso sistemático.
Presión política y crisis interna
El debate no ocurre en el vacío. La polémica surge tras la filtración de un oficio del Ministerio de Hacienda que instruye recortes y “descontinuación” de programas sociales, generando tensiones incluso dentro del propio Gobierno.
La discusión ha escalado al punto de provocar críticas desde distintos sectores políticos, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se han planteado los ajustes, especialmente en áreas sensibles como pensiones, alimentación y políticas sociales.
Gobierno intenta contener el daño
Frente a la controversia, Quiroz ha insistido en un punto:
- No habrá recortes directos a los actuales beneficiarios de la PGU
- Las revisiones apuntan a mejorar eficiencia y detectar posibles irregularidades
En esa línea, ha reiterado que quienes reciben el beneficio conforme a la ley no verán afectado su pago, aunque mantiene abierta la posibilidad de que existan casos indebidos que deban revisarse.
El punto crítico: instalación de una narrativa
El conflicto central no está solo en los números, sino en el relato.
Por un lado, el Gobierno ha instalado la idea de que podría existir fraude en beneficios sociales como la PGU.
Por otro, el propio ministro reconoce ahora que no hay evidencia concreta que respalde esa afirmación.
Esta tensión abre una pregunta clave en medio del ajuste fiscal:
👉 ¿Se están justificando recortes sobre hipótesis no comprobadas?
Un debate que recién comienza
La discusión sobre la PGU se inserta en un escenario más amplio de ajuste del gasto público, donde el Ejecutivo busca reducir miles de millones de dólares en programas estatales, generando preocupación por el impacto social de estas medidas.
Con la admisión del propio ministro en televisión, el foco ahora se desplaza desde el eventual fraude hacia la credibilidad de los argumentos utilizados para impulsar cambios en políticas sociales clave.
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