El retiro de decretos impulsado por el Ministerio de Energía frenó cambios al sistema «Pequeños Medios de Generación Distribuida», o «PMGD», manteniendo un mecanismo que podría trasladar costos millonarios a las cuentas de luz de los hogares desde 2027. En regiones como La Araucanía, el impacto podría sentirse con más fuerza.
Una decisión administrativa del Gobierno volvió a tensionar el sistema eléctrico y encendió alertas fuera del mundo técnico. El Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, retiró decretos que buscaban corregir distorsiones en el sistema de PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), frenando así ajustes que llevaban años en discusión.
El efecto de esa decisión no es inmediato, pero sí proyectado: mantener el mecanismo actual implica sostener un costo que, hasta ahora, ha sido absorbido principalmente por grandes empresas, pero que comenzará a trasladarse a las familias a partir de 2027.
¿Qué está pasando realmente?
El sistema funciona así:
Algunas pequeñas centrales eléctricas reciben un precio fijo por la energía que generan, incluso cuando el valor real del mercado es más bajo. Esa diferencia genera un sobrecosto dentro del sistema eléctrico.
Ese costo no desaparece. Se reparte.
Hasta hoy, lo pagan principalmente grandes consumidores. Pero los nuevos contratos eléctricos ya incorporan estos costos dentro del precio de la energía, lo que implica que comenzarán a llegar a las cuentas de la luz de los hogares.
¿Por qué importa en La Araucanía?
En regiones como La Araucanía, el impacto puede ser más profundo.
No por la cantidad de centrales, sino por la realidad social:
- Mayor consumo eléctrico en invierno
- Menores ingresos promedio
- Alta vulnerabilidad energética
En ciudades como Temuco y Padre Las Casas y en otras comunas de la región de La Araucanía, esto se traduce en una situación concreta: cualquier alza en la tarifa se siente más rápido y con menos margen para absorberla.
El punto político
La decisión del Ministerio de Energía no creó el problema, pero sí influye en su evolución. Los decretos retirados buscaban que estas centrales operaran bajo condiciones más cercanas al mercado real, reduciendo los sobrecostos. Al frenarse esos cambios, el sistema mantiene su diseño actual, y con ello, los costos asociados.
De discusión técnica a problema cotidiano
Hasta ahora, el impacto de este sistema se mantenía dentro del mercado eléctrico. Pero eso está cambiando. Desde 2027, estos costos comenzarán a incorporarse en las tarifas reguladas. No aparecerán como un cobro visible, sino dentro del precio de la energía.
En la práctica, eso significa que las familias podrían pagar más en sus cuentas de luz sin identificar claramente el motivo. Lo que partió como un incentivo para energías limpias terminó transformándose en un costo estructural. Y lo que era una discusión entre empresas hoy empieza a trasladarse a los hogares.
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