Hace una semana, el Presidente Gabriel Boric se pronunció explícitamente sobre la controversia generada en torno a las pensiones de gracia, las cuales, según informes, fueron entregadas a personas con condenas, provocando críticas hacia el Gobierno. Ante esta situación, el Ejecutivo presentó una iniciativa parlamentaria para modificar los criterios de selección y permitir la revocación de estas pensiones.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la diputada del Partido Comunista (PC), María Candelaria Acevedo, expresó su intención de llevar el caso a instancias internacionales. “Este proyecto vulnera una serie de tratados internacionales a los que está suscrito el país (…). Analizaré llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, así como también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de ser necesario”, declaró la parlamentaria.
Esta postura generó malestar al interior del PC y críticas de otros sectores políticos. El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) cuestionó la medida, argumentando que “no están los tiempos para política identitaria” y calificó la decisión como desproporcionada, advirtiendo sobre el riesgo de una crisis política profunda.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), y la ministra de Interior, Carolina Tohá (PPD), respondieron a las críticas, sosteniendo que la propuesta del Gobierno se ajusta a derecho y cumple con los estándares necesarios.
Esta controversia pone de manifiesto las tensiones alrededor de la reforma de las pensiones de gracia y la diversidad de opiniones en el ámbito político respecto a la vía de solución propuesta por el Gobierno.
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