El trágico incidente comenzó con la visita de los policías a la residencia de Carlos Edgardo Antihuen Riquelme, con el propósito de verificar el cumplimiento de medidas cautelares en su contra por infracciones a la ley de armas y drogas. Según fuentes cercanas a la investigación, el constante patrullaje de los carabineros hacia esta dirección pudo haber sido aprovechado por los atacantes para planificar el emboscado.
El camino hacia la casa de Antihuen, caracterizado por su difícil acceso y la escasa cobertura de comunicaciones, pudo haber facilitado la emboscada. Una vez en el lugar, los agentes habrían sido sorprendidos por los atacantes, lo que resultó en un intercambio de disparos fatal para los carabineros.
Las autopsias realizadas a los oficiales revelaron que cada uno de ellos fue víctima de disparos con armas de fuego, descartando así la posibilidad de que hayan sido quemados vivos, como se había especulado anteriormente. Los informes indican que Carlos José Cisterna Navarro falleció a causa de un disparo en el tórax, Sergio Antonio Arévalo Lobo sufrió múltiples heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, y Misael Magdiel Vidal Cid recibió un disparo en la cara que atravesó su cráneo.
Además de la pérdida de vidas humanas, los atacantes se llevaron consigo chalecos antibalas, subametralladoras Uzi y municiones propiedad de los carabineros. Se presume que luego del ataque, los agresores abandonaron la camioneta policial en medio del camino entre Cañete y Tirúa, prendiéndola fuego para borrar cualquier evidencia.
A pesar de la ausencia de una reivindicación pública del atentado, las sospechas recaen sobre grupos operativos en la zona, como la Weichán Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lavquenche (RML), así como otros grupos delictivos locales que ven en la provincia de Arauco un terreno propicio para sus actividades ilegales, que incluyen el robo y blanqueo de automóviles, el tráfico de madera y el narcotráfico.
El caso está siendo investigado por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien asumió la responsabilidad de la indagatoria en detrimento de la fiscal del Bío Bío, Marcela Cartagena. Esta decisión, comunicada por el fiscal nacional Ángel Valencia, busca esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia en un intento por restaurar la paz y la seguridad en la región.


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