¿»Dos justicias»?: El Caso Macaya que desnuda la desigualdad en el sistema judicial chileno

La reciente condena de Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, por abuso sexual, ha generado un intenso debate sobre la obtención de pruebas y la justicia en Chile. El senador Macaya ha defendido a su padre argumentando que las pruebas fueron obtenidas sin consentimiento en un entorno familiar, lo que ha desviado la atención de la gravedad del delito y la credibilidad de las víctimas.

Con todo, la defensa que Javier Macaya hizo en varios momentos de su padre, cuyos delitos quedaron judicialmente acreditados, revive la idea de que la justicia no es igual para todos. Al margen de recibir beneficios inusuales durante el breve tiempo que permaneció en prisión en Rancagua, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó este lunes la prisión preventiva de Eduardo Macaya.

La medida fue tomada tras la apelación presentada por su defensa, además de considerar que «no existe riesgo de fuga». Junto con el arresto domiciliario total, también estará con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

El caso también pone en relieve la percepción de que en Chile existen dos sistemas de justicia: uno para los ciudadanos comunes y otro para los ricos y poderosos. Esto se evidencia en la capacidad de algunos condenados de esperar sus procesos judiciales en casa tras pagar fianzas elevadas, y en el privilegio de ciertos abogados y jueces que forman parte de una elite interconectada.

Su breve estancia en la Cárcel de Rancagua es un claro reflejo de la desigualdad y corrupción en el sistema judicial chileno. Desde el ingreso directo y la habitación con baño privado hasta la modificación de su prisión preventiva por arresto domiciliario.

Según El Mostrador, “A diferencia de los demás reos, Macaya se habría saltado la exhaustiva revisión a la que se someten los nuevos internos y habría sido derivado directamente al hospital penitenciario, trasladando el mismo sus pertenencias personales. Una diferencia abismal, aseguran, respecto a cualquier reo común y corriente”.

“Normalmente los internos vienen en el furgón de Gendarmería, totalmente desconectados del exterior. Pero él no; llegó en su camioneta, con su abogado y entró con sus pertenencias porque sabía para dónde iba. Por algo traía ropa de cama”, enfatizaron.

El abuso sexual dentro del núcleo familiar es una realidad devastadora, donde las víctimas, a menudo niños y adolescentes, enfrentan enormes obstáculos para denunciar. El miedo, la vergüenza, y la presión social son barreras significativas que silencian a las víctimas, quienes a menudo no reciben el apoyo necesario y, en cambio, enfrentan escepticismo y negación.

“El caso Macaya demuestra dos cosas fundamentales”, asegura un abogado conocedor de estas causas. “La primera es que insinúa que el derecho penal no le llega a los poderosos, algo que en Chile está muy asimilado. El derecho penal lo aplican los poderosos a los débiles, no al revés. Que un senador, presidente de un partido que influye y decide sobre el nombramiento y destino de los jueces, particularmente de los ministros de los tribunales superiores de Justicia, invoca la inocencia de su padre en contra de un fallo que lo condena por cuatro delitos respecto a dos víctimas, es algo grosero. Es algo que intimida, que genera una situación de disparidad y de asimetría de poder enorme. O sea, el próximo juez que tenga que revisar un caso así lo hará con sumo cuidado”.

La corrupción y la degradación del poder judicial son temas preocupantes que afectan la credibilidad de las decisiones judiciales y la percepción de igualdad ante la ley en Chile. Para avanzar hacia una sociedad más justa y segura, es esencial apoyar a las víctimas, denunciar el abuso y asegurar que la justicia no esté influenciada por el poder y el dinero.

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