El paralelismo en las vidas de Cathy Barriga y Camila Polizzi

En las últimas semanas, las exfiguras públicas Camila Polizzi y Cathy Barriga han capturado la atención mediática por sus situaciones judiciales y sus controvertidos proyectos personales.

Ambas están actualmente bajo arresto domiciliario y enfrentan cargos relacionados con corrupción, pero lo que ha generado aún más polémica es su incursión en plataformas de contenido para adultos mientras cumplen con sus medidas cautelares.

Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción por el Frente Amplio, está imputada en el caso Convenios, específicamente en la arista conocida como “lencería”, que involucra un presunto desvío de $250 millones destinados a proyectos sociales en Concepción. Desde diciembre de 2023, Polizzi se encuentra bajo arresto domiciliario.

Por su parte, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, fue formalizada a comienzos de 2024 por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos, relacionados con su gestión en la comuna. Desde entonces, se encuentra en una situación judicial similar a la de Polizzi, bajo arresto domiciliario.

Ambas figuras han utilizado sus redes sociales para promocionar su nuevo emprendimiento en plataformas de contenido para adultos. Polizzi, en la plataforma Arsmate, ofrece acceso a su contenido por 24 dólares (aproximadamente 22 mil pesos chilenos). Barriga, por su parte, ha lanzado su contenido en la plataforma Onfayer, con un precio similar de 25 dólares.

Este giro ha generado fuertes críticas, no solo por la naturaleza de sus actividades, sino también porque han aprovechado su arresto domiciliario para monetizar estas plataformas, lo que ha planteado interrogantes sobre la efectividad y la equidad de las medidas cautelares en el sistema judicial chileno.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha expresado públicamente su descontento con el hecho de que personas bajo arresto domiciliario aprovechen su «encierro» en condiciones que, en sus palabras, parecen privilegiadas. Valencia enfatizó que este tipo de medidas cautelares no deberían ser percibidas como un privilegio, comparando la situación actual con la antigua cárcel anexo Capuchinos, eliminada precisamente para evitar este tipo de privilegios.

El fiscal criticó el hecho de que el arresto domiciliario, en algunos casos, se esté cumpliendo «al costado de la piscina», y subrayó que la justicia debe asegurar la igualdad en el cumplimiento de las penas, sin distinciones de estatus o recursos.

La situación sigue generando un debate público sobre la forma en que se están aplicando las medidas cautelares en Chile, especialmente cuando se trata de figuras públicas involucradas en escándalos de corrupción.