Novena Digital reconstruyó una operación vinculada a MMotors mediante comprobantes, contratos, documentos de Autofact y antecedentes del Registro Civil. Dos comprobantes consignan $8,59 millones enviados a MC Automóviles SpA, mientras un mandato relacionado con el mismo vehículo menciona a MCMOTORS SpA. El comprador recibió el Peugeot, pero nunca quedó inscrito como propietario. Todo ocurre mientras la PDI ya confirma más de 40 denuncias y nueve vehículos recuperados.
Durante las primeras semanas de esta investigación, una de las principales interrogantes fue determinar qué sociedad aparecía realmente detrás de cada operación relacionada comercialmente con MMotors. Novena Digital identificó distintos RUT vinculados documentalmente a Oliver Monsalve y Fiscalía confirmó posteriormente que la eventual utilización de múltiples sociedades era uno de los antecedentes considerados dentro de sus diligencias.
Hasta entonces faltaba algo fundamental: bajar esa estructura societaria a una operación concreta y seguir los documentos desde el comprador hasta el vehículo. Hoy existe al menos un caso que permite hacerlo.
Se trata de un Peugeot Boxer BlueHDi 2.0, año 2020, patente PGCB-92-2. El vehículo fue adquirido en una operación que terminó convirtiéndose en un conflicto donde aparecen pagos millonarios, dos sociedades distintas, tres cheques, un comprador que recibió el furgón pero nunca figuró como dueño y un saldo de $6,5 millones que posteriormente seguía siendo discutido.
Los primeros $8,59 millones
Según la querella revisada por Novena Digital, Aisar Naeem llegó durante mayo de 2026 hasta las dependencias de MMotors en calle Thiers 881 de Temuco buscando un vehículo para las actividades de su empresa Las Pirámides SpA.
El negocio comenzó el 7 de mayo. Un comprobante de Mercado Pago revisado por este medio consigna una transferencia por $590.000. Al día siguiente aparece una segunda operación por $8 millones. En ambos documentos figura como destinataria MC Automóviles SpA, RUT 77.692.858-5.
Hasta ese punto, existen $8.590.000 documentados hacia una misma sociedad. Pero cuando se revisa el resto de los antecedentes del Peugeot aparece un segundo RUT.
Un mandato especial gestionado mediante Autofact para avanzar con la compraventa y transferencia del vehículo menciona a MCMOTORS SpA, RUT 77.319.344-4.
Ambas sociedades ya habían aparecido en la investigación societaria realizada por Novena Digital. La diferencia es que ahora no se trata solamente de empresas relacionadas documentalmente con una misma persona: las dos aparecen dentro de antecedentes asociados a un mismo negocio.
Eso no constituye por sí solo una irregularidad ni demuestra que existieran traspasos de dinero entre ambas sociedades. Pero abre una pregunta que hasta ahora estaba sin responder: qué función cumplía cada empresa y cuál debía responder finalmente frente al comprador.
Después vinieron los cheques
La historia del Peugeot no termina con las dos transferencias. La querella sostiene que para completar la operación fueron entregados además tres cheques: uno por $1.410.000 y otros dos por $3.489.425 cada uno.
Novena Digital tuvo acceso a fotografías de instrumentos asociados a esos pagos. Sin embargo, existe una diferencia importante entre tener la imagen de un cheque y acreditar su cobro: este medio todavía no cuenta con documentación bancaria independiente que permita determinar quién cobró efectivamente cada instrumento ni dónde terminaron esos recursos.
La revisión, además, deja una inconsistencia que todavía necesita explicación. Si se suman las dos transferencias y los tres cheques individualizados en la querella, los cinco montos alcanzan $16.978.850. La acción judicial, en cambio, habla de un precio de $16.550.000 y un contrato generado posteriormente fija el valor del vehículo en $16.590.000.
Incluso existe una diferencia entre el número de uno de los cheques mencionado en la querella y el que puede observarse en una de las fotografías. Ninguna de estas discrepancias demuestra por sí sola la existencia de un delito, pero impide afirmar que la operación esté contablemente cerrada con los antecedentes disponibles.
El Peugeot debía ir a Aisar
Dos meses después apareció uno de los documentos más relevantes de esta historia. El 13 de julio de 2026 se generó un contrato electrónico en el que Deivy Damián Herrera Zurita figura como vendedor y Aisar Naeem como comprador del Peugeot, por un precio declarado de $16.590.000.
La copia revisada por Novena Digital contiene una marca de firma correspondiente al vendedor, mientras el espacio destinado visualmente a la firma del comprador aparece en blanco. Por ello, el documento permite acreditar que se generó un contrato en esos términos, pero no basta por sí solo para concluir que todo el proceso registral quedó perfeccionado.
Lo que ocurrió dos días después sí consta en los antecedentes del Registro Civil. Deivy Herrera figuraba como propietario del Peugeot desde el 22 de mayo. Pero el 15 de julio de 2026, apenas dos días después del contrato generado a favor de Aisar, el vehículo quedó inscrito a nombre de Esteban Eduardo Ibarra Salazar.
Aisar nunca apareció en esa cadena registral. El comprador tenía materialmente el Peugeot y existían pagos asociados a su adquisición, pero el vehículo terminó inscrito a nombre de otra persona.
Novena Digital todavía no cuenta con el instrumento que originó la transferencia desde Herrera hacia Ibarra. Por esa razón, este medio no calificará ese traspaso como fraudulento ni atribuirá intenciones a quienes participaron mientras no se conozca el documento que permitió realizarlo.
Y todavía faltaban $6,5 millones
Con el paso de las semanas comenzaron las gestiones para intentar destrabar el conflicto. Novena Digital recibió audios relacionados con esas conversaciones y uno de ellos incorpora un antecedente que cambia nuevamente la lectura de la operación.
En ese registro, un hombre se presenta ante Aisar como “Oliver, el dueño de la automotora” y reconoce que existía un saldo pendiente relacionado con Damián Herrera.
“Tenemos clarísimo que hay seis millones y medio pendiente”, señala.
Durante la misma conversación explica que anteriormente se habrían efectuado pagos a Herrera y plantea una solución que consideraba realizar una transacción extrajudicial, cancelar el monto restante, conseguir las firmas necesarias y finalmente transferir el Peugeot hacia Aisar.
El audio no constituye una confesión de estafa ni acredita responsabilidad penal. Su importancia está en que introduce las dos caras del mismo conflicto: un comprador que había desembolsado dinero por el vehículo y, al otro extremo de la operación, un saldo de $6,5 millones que todavía permanecía pendiente.
La pregunta deja entonces de ser solamente por qué el Peugeot nunca fue transferido a Aisar. También pasa a ser qué ocurrió con los pagos realizados durante el negocio y cuánto dinero recibió efectivamente quien había figurado anteriormente como propietario.
El problema ya aparece en más de 40 denuncias
Mientras estos documentos eran revisados por Novena Digital, la investigación oficial siguió creciendo. El 22 de octubre, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Temuco informó que las diligencias dirigidas por la Fiscalía SAC Araucanía ya se relacionan con más de 40 denuncias recibidas desde 2024.
Ese mismo día fueron ubicados e incautados siete vehículos en distintos puntos de La Araucanía. Otros dos habían sido recuperados previamente, elevando a nueve el número informado por las autoridades.
La PDI describió dos situaciones que se repiten entre los antecedentes investigados. Por una parte aparecen propietarios que aseguran haber entregado automóviles para su comercialización, consignación o como parte de pago y que posteriormente habrían enfrentado problemas para recibir los montos comprometidos. Por otra, existen compradores que sostienen haber pagado vehículos que finalmente no fueron transferidos a su nombre.
La operación del Peugeot permite entender cómo ambas situaciones pueden cruzarse. De un lado existe una persona que asegura haber pagado por el vehículo. Del otro, aparece un saldo millonario que todavía era reconocido como pendiente. En medio, el Peugeot terminó inscrito a nombre de un tercero.
La querella llevó el caso a tribunales
Las Pirámides SpA presentó una querella que atribuye eventuales delitos de estafa y apropiación indebida a Oliver Ignacio Monsalve Sandoval, Patricia Marione Conus Sánchez, un vendedor identificado como “Camilo” y quienes resulten responsables.
Estas son imputaciones formuladas por la parte querellante y no hechos determinados mediante una sentencia judicial.
El escrito solicita, entre otras diligencias, obtener antecedentes bancarios, establecer el destino de pagos y cheques y realizar diligencias policiales relacionadas con las operaciones denunciadas. Que una parte solicite esas actuaciones tampoco significa que todas hayan sido decretadas o ejecutadas por el tribunal o el Ministerio Público.
Respecto de Patricia Conus, la querella la describe como “administradora de hecho”. Novena Digital no ha encontrado antecedentes societarios que permitan establecer que figure formalmente como administradora o representante de las sociedades revisadas en esta investigación.
La defensa ha hablado de “saldos de precio”
La defensa vinculada a Oliver Monsalve ha reconocido públicamente con anterioridad la existencia de obligaciones económicas pendientes con clientes, aunque sostiene que corresponden a “saldos de precio” y no necesariamente a hechos constitutivos de estafa.
La diferencia no es menor. Una deuda, un retraso en un pago o un incumplimiento contractual no configuran automáticamente un delito. Determinar si existieron engaños penalmente relevantes corresponde al Ministerio Público y, eventualmente, a los tribunales.
Pero el contexto en que se entregaron aquellas primeras explicaciones cambió. Actualmente la PDI informa más de 40 denuncias y nueve vehículos recuperados dentro de las diligencias.
MMotors derivó las preguntas a su abogado
El 23 de octubre, Novena Digital envió un nuevo requerimiento formal a MMotors para conocer su explicación sobre estos antecedentes. Se consultó específicamente por la participación de MC Automóviles SpA y MCMOTORS SpA en la operación, los pagos documentados, el cambio de dominio del Peugeot, el saldo de $6,5 millones mencionado en el audio y el nuevo escenario informado por la PDI.
MMotors respondió ese mismo día: “el abogado tiene la información y todos los detalles de tus consultas”. La empresa no entregó en ese correo respuestas específicas respecto de los puntos planteados.
A partir de esa indicación, Novena Digital tomó contacto vía WhatsApp con el abogado Eduardo Guzmán. Este medio se identificó como Novena Digital, explicó que buscaba incorporar la posición de la defensa y solicitó una dirección de correo electrónico para remitir formalmente las consultas.
Hasta el cierre de este reportaje, Eduardo Guzmán no había respondido dicho contacto. Esto no significa que haya rechazado entregar una versión, sino que Novena Digital no obtuvo respuesta a la gestión realizada.
La pregunta que deja el Peugeot
Novena Digital ya había informado que existen distintas sociedades vinculadas documentalmente al entorno comercial investigado y que Fiscalía analizaba la eventual utilización de distintos RUT. Esa parte de la historia ya era conocida.
El avance está en poder observar ahora qué ocurrió dentro de una operación específica. Dos comprobantes consignan $8,59 millones enviados a MC Automóviles SpA, mientras un mandato relacionado con el mismo Peugeot menciona a MCMOTORS SpA. Existen además tres cheques cuyo cobro final todavía no ha sido acreditado de manera independiente.
A eso se suma un contrato generado a favor de Aisar Naeem, un vehículo que apenas dos días después terminó inscrito a nombre de Esteban Ibarra y un audio posterior donde se reconoce un saldo de $6,5 millones relacionado con Damián Herrera.
Cada antecedente tiene sus propios límites y ninguno permite concluir por sí solo que se haya cometido un delito. Pero al juntarlos aparece una historia mucho más concreta que al comienzo de esta investigación.
Un comprador puso dinero y recibió un vehículo, pero nunca quedó inscrito como dueño. Al otro extremo de la operación todavía se hablaba de millones de pesos pendientes. Y entre ambos aparecen dos sociedades distintas en los documentos.
Ahora corresponde determinar qué ocurrió en medio. La Fiscalía deberá hacerlo desde la investigación penal. Novena Digital continuará haciéndolo mediante los documentos.
Todas las personas mencionadas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine responsabilidad penal.
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