Los empleados públicos de Argentina iniciaron este martes una huelga de 36 horas en rechazo a los despidos masivos, bajos salarios y políticas de reducción del Estado impuestas por el Gobierno de Javier Milei. La marcha, encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se trasladó desde el Obelisco de Buenos Aires hasta el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció «la estafa» de las políticas del gobierno, que argumentan un Estado sobredimensionado y «abraza a la casta», en referencia a los empresarios que, según el sindicato, se benefician de estos recortes. Desde la medianoche del miércoles, se sumarán a la huelga los trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y subterráneo, mientras que el jueves se incorporarán los conductores de autobuses del área metropolitana.
Manuel Adorni, portavoz presidencial, calificó a los huelguistas como «privilegiados» y criticó que «defienden sus propios beneficios», argumentando que la mayoría de los argentinos «de bien» no pueden permitirse parar. Por su parte, el Ministerio de Desregulación, bajo el mando de Federico Sturzenegger, ha confirmado su objetivo de seguir reduciendo el gasto y el personal público, señalando que «este es el mandato de la sociedad expresado en las urnas».
Milei ha advertido que unos 10.000 empleados deberán jubilarse y cerca de 40.000 serán sometidos a una evaluación de idoneidad para conservar sus puestos. Estas medidas se suman a planes de privatización de empresas públicas, que prevén la eliminación de cerca de 100.000 puestos en alrededor de 40 compañías.


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