Fiscal nacional descarta «simple error» tras liberación de sicario vinculado al Tren de Aragua y advierte hechos irregulares

Ángel Valencia se refirió a la excarcelación de Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato del «Rey de Meiggs», y cuestionó la tesis de un «error humano». El jefe del Ministerio Público aseguró que hubo un segundo oficio sin respaldo jurídico que permitió la fuga del acusado hacia Perú. De llegar a Venezuela, su extradición sería “muy improbable”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó este jueves que no es posible calificar como un “simple error” la liberación del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía, imputado por el asesinato de un comerciante conocido como el «Rey de Meiggs» y presunto integrante del grupo criminal Tren de Aragua.

En entrevista con Radio Duna, Valencia señaló que “hay hechos que son irregulares” en el procedimiento que terminó con la fuga del imputado, y rechazó que se le pueda atribuir exclusivamente a una negligencia. “Si por error entendemos que aquí hubo solo negligencia, una simple equivocación humana, pero no hubo otro tipo de motivaciones o intencionalidades, creo que sería muy prematuro afirmar aquello”, puntualizó.

El persecutor explicó que existió una resolución judicial de prisión preventiva, y que Gendarmería recibió un oficio ordenando que esta se hiciera efectiva. Sin embargo, posteriormente se emitió un segundo oficio que indicaba que la prisión preventiva “quedaba sin efecto”, invocando una supuesta resolución que nunca existió.

“Eso es absolutamente irregular. ¿Por qué se despacha ese segundo oficio? Si eso fue un error, torpeza, una mala práctica, cohecho, intimidación… es lo que tiene que establecerse en la investigación”, dijo el fiscal nacional, agregando que prefiere no calificar aún el hecho, ya que hacerlo podría interpretarse como una validación anticipada de que solo hubo una equivocación administrativa.

Mejía logró abandonar el país por la frontera norte hacia Perú. Consultado sobre la posibilidad de su regreso a Chile, Valencia advirtió que si el imputado llega a Venezuela, “va a ser mucho más complejo o incluso muy improbable lograr su extradición”, debido a que la Constitución venezolana prohíbe extraditar a sus ciudadanos.

Mientras tanto, el Pleno de la Corte Suprema se encuentra analizando un informe interno sobre lo ocurrido en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Según reveló El Mercurio, el documento señala que no hubo fallas en el sistema informático, y que el segundo oficio con el cambio de medida cautelar habría sido enviado por un funcionario con el nombre incorrecto del recinto penitenciario, lo que terminó invalidando el primero.

Fuentes del Poder Judicial detallaron que este segundo documento debió manejarse internamente y no enviarse a Gendarmería, por lo que ahora se busca identificar al responsable administrativo, ya que los jueces no realizan directamente dichas notificaciones.