El Ministerio Público solicitó levantar el secreto bancario de la senadora RN en una causa por presunto fraude al Fisco reiterado. La investigación busca rastrear depósitos, transferencias y posibles pagos en efectivo vinculados a asesores parlamentarios.
La investigación contra la senadora Camila Flores escaló esta semana luego que la Fiscalía Regional de Valparaíso solicitara al Juzgado de Garantía el alzamiento de su secreto bancario, en el marco de una causa por presunto fraude al Fisco reiterado mientras ejercía como diputada.
La diligencia surge tras el allanamiento realizado por personal del OS9 de Carabineros en la oficina parlamentaria de la legisladora en el Congreso Nacional, procedimiento en el que fueron incautados computadores y documentación considerada relevante para la causa. El objetivo de la investigación apunta a esclarecer un supuesto mecanismo de recaudación de dinero desde asesores parlamentarios hacia la parlamentaria, conocido internamente como la denominada “cuota Flores”.
Según antecedentes incorporados por la Fiscalía, existiría una posible “maquinación destinada a defraudar al Fisco”, mediante la utilización de recursos públicos asignados a personal de apoyo parlamentario. En el escrito presentado por la fiscal regional Claudia Perivancich, el Ministerio Público sostuvo que resulta “imprescindible” revisar los movimientos bancarios de la senadora para determinar flujos de ingreso y egreso, analizar si estos coinciden con sus rentas declaradas y establecer posibles transferencias entre personas investigadas.
La causa se originó tras una denuncia anónima ingresada durante 2025 y actualmente es desarrollada por la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso. Reportajes T13 reveló que la carpeta investigativa incluye cartolas bancarias, declaraciones judiciales y conversaciones de WhatsApp entre la parlamentaria y cercanos de su equipo político.
Uno de los diálogos incorporados por la Fiscalía muestra conversaciones entre Camila Flores y Yolanda Olfos, colaboradora vinculada a la administración de pagos. En los mensajes se mencionan montos de dinero y transferencias relacionadas con aportes que presuntamente debían realizar asesores parlamentarios.
En otro intercambio contenido en el expediente, la entonces diputada reclama por un depósito que no habría llegado dentro del plazo esperado, mientras su colaboradora le explica retrasos bancarios asociados a un feriado. Para la Fiscalía, estas conversaciones podrían reforzar los antecedentes ya entregados por uno de los imputados en la causa.
La investigación también busca determinar cómo se obtenían importantes sumas de dinero en efectivo. Parte de las diligencias apuntan a retiros realizados directamente por ventanilla bancaria, mecanismo que habría permitido mover montos superiores a los límites habituales de giro.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado confirmó que se encuentra evaluando los antecedentes remitidos por el Ministerio Público para definir eventuales acciones judiciales.
Tras el allanamiento en el Congreso, la senadora RN aseguró haber colaborado con la investigación y afirmó que entregó voluntariamente antecedentes bancarios y documentación solicitada por el OS9. Además, sostuvo tener “absoluta tranquilidad” respecto de la causa.
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