La fiscal vocera de La Araucanía, Nelly Marabolí, confirmó que el Ministerio Público abrió de oficio una investigación penal y entregó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Una revisión de Novena Digital encontró audiencias, denuncias y acciones institucionales anteriores vinculadas a la residencia Petronila Pincheira, aunque esos antecedentes no permiten confirmar que correspondan a los mismos hechos expuestos por el parlamentario.
La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó que inició de oficio una investigación penal luego de que el senador Rodolfo Carter denunciara públicamente una presunta explotación sexual de niñas en un hogar de menores de Villarrica.
La fiscal vocera Nelly Marabolí informó que el Ministerio Público dispuso una orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, “con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades”.
“La Fiscalía reitera su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y hace un llamado a quienes cuenten con antecedentes relevantes a aportarlos a la investigación en curso”, añadió la persecutora.
Durante el lanzamiento del plan gubernamental “Chile Cuida a los Niños”, el parlamentario afirmó que en Villarrica existiría un hogar acosado por narcotraficantes y delincuentes. Carter sostuvo que habría “niñitas que son explotadas sexualmente por gente de la región con alto poder adquisitivo”.
El senador no identificó públicamente el recinto, a las posibles víctimas ni a quienes estarían detrás de los hechos. Tampoco entregó en esa intervención antecedentes específicos que permitan verificar su afirmación sobre la participación de personas de alto poder adquisitivo.
La acusación fue formulada durante la presentación de la hoja de ruta estatal para la niñez 2026-2030, una iniciativa que contempla medidas de prevención, apoyo a las familias, seguridad en residencias y atención de salud mental.
Alertas registradas desde 2025
La revisión de antecedentes públicos realizada por Novena Digital estableció que la preocupación por posibles situaciones de explotación sexual que afectarían a niñas y adolescentes bajo protección residencial en Villarrica había sido comunicada a organismos del Estado antes de los dichos de Carter.
El 11 de septiembre de 2025, representantes de la Fundación Niño y Patria sostuvieron una audiencia, registrada en la plataforma de Ley del Lobby, con Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional. El motivo consignado fue informar la preocupación de la fundación por situaciones de explotación sexual que afectarían a niñas de una residencia ubicada en Villarrica.
Un segundo registro, fechado el 4 de febrero de 2026, muestra una nueva reunión entre representantes de la misma fundación y el jefe de esa unidad especializada. En esa oportunidad, el asunto informado fue abordar situaciones de explotación sexual de adolescentes que entonces vivían en la residencia Petronila Pincheira de Villarrica.
Ambos registros acreditan que la institución administradora expuso formalmente la preocupación ante la Fiscalía Nacional. Sin embargo, las fichas públicas no indican cuántas adolescentes estarían involucradas, quiénes serían los eventuales responsables ni el resultado de las actuaciones posteriores.
Fiscalía local habló de “múltiples denuncias”
El tema también llegó al Consejo Comunal de Seguridad Pública de Villarrica. En su sesión de abril de 2026, la situación de la residencia Petronila Pincheira fue el asunto principal de la reunión, a la que asistieron representantes del municipio, Fiscalía, PDI, Carabineros y la dirección del establecimiento.
En una publicación oficial de la Municipalidad, el fiscal jefe de Villarrica, Miguel Ángel Rojas, señaló que se habían verificado “múltiples denuncias” que afectaban a niñas y adolescentes de la residencia. Añadió que se trataba de una situación compleja, con dimensiones penales y de protección.
Un mes después, el municipio, la Oficina Local de la Niñez y organismos del sistema de justicia realizaron una jornada dedicada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La actividad incluyó antecedentes comunales y describió el fenómeno como una problemática presente en Villarrica.
Una sola residencia en el catastro vigente
El catastro oficial de la oferta programática del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, actualizado a agosto de 2026, registra una sola residencia de cuidado alternativo residencial en Villarrica: REM Petronila Pincheira, administrada por la Fundación Niño y Patria. El programa atiende a población femenina de entre 6 y 18 años y dispone de 20 plazas.
Aunque Carter no nombró el hogar al que se refería, la residencia Petronila Pincheira constituye el principal antecedente institucional público disponible en la comuna. Esa coincidencia no basta para afirmar que la nueva investigación se refiera exactamente a los mismos hechos expuestos en 2025 y 2026.
También es relevante precisar que los registros muestran que fue la propia fundación administradora la que llevó las alertas ante la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, esos documentos no atribuyen responsabilidad a la residencia ni a sus trabajadores, sino que dan cuenta de situaciones que habrían afectado a niñas y adolescentes bajo su protección.
La investigación anunciada por Marabolí se originó de oficio a partir de las declaraciones públicas de Carter. Una de las materias que deberá esclarecer el Ministerio Público es si los dichos del senador están relacionados con las alertas y denuncias registradas anteriormente o si corresponden a hechos, períodos o antecedentes distintos.
Hasta ahora, los registros públicos revisados no permiten establecer quiénes serían las personas de alto poder adquisitivo mencionadas por el senador, ni comprobar el supuesto acoso de narcotraficantes y delincuentes al recinto. Tampoco aparecen, en relación con esta nueva acusación, personas públicamente identificadas como formalizadas o condenadas. Las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Fiscalía y los tribunales, resguardando estrictamente la identidad y los derechos de las posibles víctimas.
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