Gobierno detecta pagos postergados por US$3.200 millones tras auditoría al Estado y abre debate fiscal

El informe revisó más de 500 servicios públicos y detectó alertas administrativas y financieras por US$9.200 millones. El Ejecutivo aclaró que las observaciones no implican necesariamente fraude, pero sí revelan inconsistencias, problemas de gestión y presión sobre las cuentas públicas.

El Gobierno presentó este lunes los resultados preliminares del tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia que analizó el funcionamiento del Estado y el uso de recursos públicos durante el período 2022-2026.

La revisión abarcó más de 913 millones de registros administrativos y financieros correspondientes a más de 500 servicios públicos, detectando alertas por más de US$9.200 millones.

La subsecretaria Constanza Castillo explicó que las observaciones identificadas no corresponden necesariamente a casos de fraude o corrupción, ya que incluyen distintos tipos de situaciones, entre ellas errores administrativos, inconsistencias, mala gestión y, en algunos casos, antecedentes que eventualmente podrían tener relevancia penal.

El foco de la auditoría: pagos trasladados hacia 2026

Uno de los puntos que más preocupación generó corresponde a la postergación de pagos entre 2025 y 2026 por cerca de US$3.200 millones, cifra equivalente a casi el 1% del PIB.

Según detalló el Ejecutivo, entre las obligaciones pendientes aparecen:

• Hasta US$1.000 millones asociados al área de salud.
• US$650 millones vinculados a Junaeb y alimentación escolar.
• US$400 millones relacionados con gratuidad universitaria.
• Pagos pendientes a casi 10 mil pymes proveedoras del Estado por alrededor de US$268 millones.
• El resto de los compromisos distribuidos en distintos servicios públicos y organismos sectoriales.

La situación abrió un nuevo debate político y económico respecto al manejo de las cuentas fiscales y la presión presupuestaria proyectada para los próximos años.

Observaciones en compras públicas y control financiero

El informe también detectó observaciones relacionadas con mecanismos de compras públicas, particularmente en procesos realizados mediante trato directo y compras ágiles.

Además, el Ejecutivo confirmó auditorías e investigaciones específicas en:

• Junaeb,
• Ministerio de la Mujer,
• Subsecretaría de Transportes,
• y Anid.

En el caso de Junaeb, la revisión identificó posibles irregularidades vinculadas al Programa de Alimentación Escolar, incluyendo pagos por servicios no realizados y eventuales sobreprecios.

Asimismo, el comité detectó problemas de control financiero, rendiciones pendientes y debilidades administrativas en distintos organismos públicos.

El Gobierno sostuvo que, conforme avancen las auditorías, los antecedentes que eventualmente revistan caracteres de delito serán remitidos a organismos como Contraloría, Consejo de Defensa del Estado o Ministerio Público.