La prórroga hasta julio no elimina el problema: expertos advierten que los intereses siguen creciendo y que el impacto en las cuentas será inevitable si no hay una fórmula concreta.
El Gobierno confirmó la prórroga del alza en las tarifas eléctricas, aplazando el inicio del cobro de las reliquidaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD) desde abril hasta el 1 de julio de 2026. La medida busca evitar un impacto inmediato en los hogares, aunque traslada el problema a pleno invierno.
La decisión fue comunicada luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) acogiera solicitudes de parlamentarios y empresas del sector, en medio de crecientes presiones por el efecto que tendría el aumento en el bolsillo de las familias.
¿Solución o postergación del problema?
Aunque la ministra de Energía, Ximena Rincón, valoró la postergación, el propio Ejecutivo reconoció que trabaja contra el tiempo para diseñar un mecanismo que mitigue el impacto. La instrucción del presidente José Antonio Kast apunta a acelerar una solución, que podría incluso traducirse en un proyecto de ley.
Sin embargo, la prórroga no resuelve el problema de fondo: la deuda generada por el congelamiento del VAD entre 2020 y 2024, estimada en cerca de 800 millones de dólares con las empresas distribuidoras.
A esto se suma un factor crítico: los intereses acumulados, que expertos cifran en hasta 14 mil millones de dólares, lo que abre dudas sobre el costo final que terminarán pagando los usuarios.
Presión por una fórmula antes de julio
El Ejecutivo aseguró que la fórmula para amortiguar el alza se dará a conocer “lo antes posible”. No obstante, desde el mundo técnico advierten que cualquier retraso podría seguir incrementando los intereses, agravando el escenario.
En paralelo, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, ha sostenido reuniones con actores del sector, incluyendo empresas, organismos técnicos y expertos, para evaluar alternativas que permitan contener el impacto.
Un invierno con cuentas más altas en el horizonte
El aplazamiento implica que el ajuste tarifario coincidirá con los meses de mayor consumo eléctrico. Según estimaciones, el alza podría afectar al 65% de los clientes con incrementos de hasta un 5%, mientras que más de un millón de usuarios podrían enfrentar subidas cercanas al 15%.
Además, en julio se sumará otro factor: la actualización del precio nudo promedio, lo que podría añadir presión adicional a las tarifas, en un contexto internacional marcado por tensiones como el conflicto en Medio Oriente.
El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, advirtió que si bien el impacto inmediato podría ser moderado, los ajustes futuros —especialmente hacia 2027— podrían ser más significativos.
El dilema: aliviar hoy o encarecer mañana
La prórroga abre una interrogante de fondo: ¿se está protegiendo realmente a los consumidores o solo se está trasladando el costo hacia adelante?
Con el invierno a la vuelta de la esquina y sin una fórmula clara aún sobre la mesa, el debate queda instalado: el alivio inmediato podría transformarse en una carga mayor en los próximos meses.
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