Asociación de funcionarios alerta que disminución de recursos debilita control sobre entidades públicas y abre espacio a prácticas irregulares.
La Asociación Nacional de Funcionarios de la Contraloría General de la República (ANEC) denunció que el recorte presupuestario del 3 % anunciado por el Ministerio de Hacienda, vía el Decreto N° 12, impactaría directamente las capacidades de fiscalización del órgano superior de control, provocando un debilitamiento en su rol fiscalizador.
Según explicó en un video difundido en redes sociales Christopher Roldán, director de la organización gremial, la medida disminuiría de forma crítica los recursos asignados en el subtítulo 21, correspondiente a gastos de personal, lo que (de acuerdo a la organización) se traduciría en la salida de 80 fiscalizadores de grado base.
Roldán advirtió que la potencial reducción de fiscalizadores afecta seriamente la presencia institucional en terreno, disminuye la capacidad de generar actos fiscalizadores y, por ende, favorece la comisión de delitos por incapacidad de control.
Además, sostuvo que la pérdida de capital humano impactaría áreas sensibles de la administración pública, entre ellas el control sobre fundaciones, gobiernos regionales, municipalidades, la revisión de licencias médicas y otras investigaciones de alta complejidad que la Contraloría ha liderado recientemente.
La denuncia gremial también cuestiona la coherencia entre el discurso oficial de transparencia y probidad del gobierno de Gabriel Boric y las decisiones financieras que limitarían la operatividad de los organismos encargados de fiscalizar su gestión, poniendo en duda la voluntad real de fortalecer los mecanismos de control del Estado.
Para los funcionarios, un presupuesto restringido para la fiscalización genera un escenario favorable para actos de corrupción al reducir la vigilancia sobre el uso de recursos públicos, justo en un momento donde se demanda mayor claridad y rigurosidad en las cuentas del fisco.


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