Chile retrocede en derechos LGBTIQ+: Gobierno rompe 15 años de respaldo en la OEA y reabre cuestionamientos por derechos humanos

La decisión de abstenerse, bajo el argumento de que el texto “generaba división”, rompe una línea histórica de la política exterior chilena y abre cuestionamientos sobre el compromiso del país con los derechos humanos en instancias internacionales.

Por primera vez en 15 años, el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió no respaldar la declaración de derechos LGBTIQ+ impulsada por el Core Group en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Cancillería justificó la abstención señalando que el documento, en su forma actual, “en vez de unir a la región, generaba división”, pese a que se intentaron introducir cambios sin éxito. La delegación chilena, encabezada por la representante alterna Ana María Saldía, optó por intervenir sin adherir al texto, marcando un quiebre con la postura sostenida por administraciones anteriores.

El documento reafirmaba principios ya adoptados por Chile en años previos, como la promoción de la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación, además de destacar avances como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario. También subrayaba el rol de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la protección de estos derechos. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que su redacción podía tensionar relaciones en el escenario regional, en un contexto de creciente polarización.

La decisión implica un giro en la política exterior reciente. Incluso durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Chile respaldó este tipo de iniciativas en foros multilaterales. La abstención actual instala dudas sobre la continuidad de ese compromiso y reabre el debate sobre el rol del país en la defensa de derechos fundamentales a nivel internacional.

Desde la sociedad civil, la reacción fue inmediata. Fundación Iguales calificó la medida como un “retroceso” y aseguró que no se trata de un tecnicismo diplomático, sino de una señal política deliberada. “Para este gobierno, los derechos de las personas LGBTI+ son negociables”, afirmaron, advirtiendo que este tipo de decisiones tiene efectos concretos tanto en la protección de derechos como en la imagen internacional de Chile. Asimismo, exigieron que el país retome su postura histórica en defensa de los derechos humanos en instancias como la OEA.