El imputado por la brutal agresión al conserje Guillermo Oyarzún, detenido en Brasil tras huir de Chile, busca cumplir prisión preventiva en recintos diferenciados. Su defensa alega “riesgo real de muerte” por la exposición mediática del caso, mientras la víctima enfrenta secuelas irreversibles y podría recalificarse el delito a lesiones gravísimas.
A la espera de su extradición desde Brasil, la defensa de Martín de los Santos solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago que la prisión preventiva se cumpla en Punta Peuco o en el penal de Casablanca. El abogado Guillermo Giugliano argumentó que existe un “ambiente de hostilidad colectiva” que pondría en riesgo su integridad en una cárcel común, citando una agresión sufrida a la salida del Centro de Justicia —donde terminó con fracturas en dos costillas y una fisura en el antebrazo— y otros episodios previos.
El tribunal ya ofició a Gendarmería para que elabore informes técnicos sobre la factibilidad del traslado a esos recintos. Sin embargo, la solicitud abre una polémica inevitable: mientras el Ministerio Público insiste en la prisión preventiva por peligro de fuga —considerando que el imputado salió del país en julio de 2025 cuando no tenía arraigo vigente—, la defensa busca un régimen especial en momentos en que la opinión pública cuestiona los privilegios carcelarios y la igualdad ante la ley.
La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y coordinada con Interpol Chile, proyecta que la extradición se concrete en un plazo máximo de 60 días. De los Santos, además, pidió agilizar su retorno, argumentando el delicado estado de salud de su padre y las condiciones del penal brasileño donde permanece detenido. Paralelamente, enfrenta otra arista por una presunta estafa de $7 millones, indagación en la que la Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario para determinar si esos fondos financiaron su fuga.
Mientras se debate el lugar donde el imputado cumpliría la cautelar, el estado de la víctima sigue marcando el caso. Guillermo Oyarzún, conserje desde 1997 en un edificio de Vitacura, presenta un 17,50% de incapacidad laboral, fracturas faciales, pérdida significativa de visión en un ojo y cefaleas persistentes que le impiden volver a trabajar. La parte querellante evalúa recalificar el delito de lesiones graves a lesiones graves-gravísimas, lo que elevaría sustancialmente la pena arriesgada.
El contraste es evidente: mientras la defensa centra su estrategia en las condiciones carcelarias del imputado, la víctima continúa enfrentando secuelas permanentes. La resolución del tribunal no solo definirá el recinto de reclusión, sino que volverá a poner sobre la mesa el debate sobre trato penitenciario, proporcionalidad y justicia en casos de alta connotación pública.
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