Este jueves se conoció que Karina Oliva, exmilitante de Comunes, llegó a Caracas para participar en el diplomado “Integración Económica Regional. Desafíos pendientes en América Latina”, a pesar de estar formalizada y con arraigo nacional en Chile por su presunta responsabilidad en un delito de fraude de subvenciones relacionado con su fallida campaña para gobernadora de la Región Metropolitana en 2021.
¿Cómo logró viajar? De acuerdo a fuentes consultadas por La Tercera, Oliva realizó una solicitud ante la justicia para poder salir del país, la cual fue aceptada previo pago de una caución de $700 mil en tribunales, con el fin de levantar -de forma temporal- el arraigo que le fue impuesto por el 7° Juzgado de Garantía.
Oliva llegó a la capital venezolana acompañada de Felipe Parada, ex Comunes y actual militante del Partido Popular, en los días previos a los comicios en los que diez candidatos competirán por la presidencia del país, entre ellos, el actual mandatario Nicolás Maduro.
La exmilitante de Comunes se suma así a las figuras políticas nacionales que estarán presentes en Venezuela para los comicios, incluyendo al diputado comunista Boris Barrera, quien viajó este martes a Caracas, y a los senadores Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli), quienes se trasladarán a Venezuela tras ser invitados por el Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado, que respalda al candidato Edmundo González. Sin embargo, cabe destacar que Oliva no asiste como observadora del proceso, sino que su viaje, de acuerdo con el escrito ingresado por su defensa, responde formalmente a “actividades académicas”.
La formalización de Oliva
En 2021, Karina Oliva fue la revelación de la campaña a gobernadores regionales. Como candidata de Apruebo Dignidad en la Región Metropolitana, pasó sorpresivamente a segunda vuelta y perdió frente al actual gobernador, Claudio Orrego. Su éxito electoral le permitió postularse como senadora meses después, pero a pocos días de esta última elección se revelaron pagos millonarios a su equipo más cercano durante su campaña a gobernadora, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía.
Durante su audiencia de formalización en diciembre de 2023, se explicó que, a través de las pesquisas realizadas por el OS-7 de Carabineros, se logró determinar que Oliva y otros 10 imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado -ligada al Partido Comunes- como una “fachada” o “fundación de papel” para triangular dineros que supuestamente habrían utilizado en la campaña de 2021. Se emitieron tres facturas por un total de $120 millones, que equivalen al pago de un análisis y estudio encargado a la ONG oficialista, pero que en realidad correspondían a la copia de un informe de la encuestadora Criteria.
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