Kast tensiona ley de humedales y abre choque por prioridades: vivienda y salud vs. protección ambiental

El mandatario cuestionó el impacto de la normativa que protege humedales urbanos, acusando que su aplicación estaría frenando proyectos clave en medio de la crisis habitacional y de infraestructura.

El Presidente de Chile, José Antonio Kast, instaló un nuevo foco de conflicto al cuestionar la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos en el país, señalando que su alcance estaría afectando directamente el avance de proyectos de vivienda, salud y energía en distintas zonas del territorio.

Durante una intervención pública, Kast planteó que la expansión de áreas protegidas, especialmente en ciudades como Valdivia, ha derivado en la paralización o retraso de iniciativas necesarias para enfrentar la crisis habitacional. Según expuso, existen terrenos que han sido considerados humedales sin cumplir, a su juicio, con esa condición, lo que limita su uso para desarrollo urbano.

¿Se está protegiendo demasiado o planificando mal?
El planteamiento del mandatario abre una interrogante central: si la normativa ambiental está siendo aplicada con criterios técnicos adecuados o si, por el contrario, está generando trabas estructurales en la ejecución de obras prioritarias.

La Ley N° 21.202, vigente desde 2020, establece mecanismos para proteger los humedales ubicados en zonas urbanas, restringiendo intervenciones y obligando a que proyectos en estas áreas ingresen a evaluación ambiental. Además, otorga a los municipios facultades para solicitar la declaración de humedales y establecer regulaciones locales para su resguardo.

Contexto de presión social y territorial
El cuestionamiento surge en un escenario marcado por el déficit habitacional y la necesidad de acelerar inversiones en infraestructura crítica. En ese marco, Kast vinculó la normativa ambiental con casos concretos donde obras habrían sido detenidas por regulaciones o hallazgos, insistiendo en que el enfoque debe priorizar a las personas.

No obstante, la ley fue impulsada precisamente para evitar la degradación de ecosistemas considerados estratégicos, los cuales cumplen funciones como la regulación hídrica y la mitigación de riesgos naturales, especialmente en zonas urbanas expuestas a inundaciones.

Equilibrio en disputa
El debate instala una tensión de fondo entre desarrollo urbano y protección ambiental, donde la aplicación de la ley se convierte en un punto crítico. Mientras algunos sectores advierten sobre el riesgo de frenar inversiones, otros sostienen que flexibilizar la normativa podría profundizar el deterioro ambiental y aumentar la vulnerabilidad de las ciudades.