Ley de Personas Mayores avanza sin cambios: Gobierno retira veto de Boric y reabre debate por posible precarización laboral

La decisión deja la norma lista para su promulgación, pero reinstala cuestionamientos sobre los artículos laborales que el gobierno anterior buscó frenar para evitar riesgos en las condiciones de trabajo de adultos mayores.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró el veto sustitutivo ingresado en febrero de 2026 por la administración del exmandatario Gabriel Boric a la Ley Integral de Personas Mayores, dejando la iniciativa en condiciones de ser promulgada tras su aprobación en el Congreso. La normativa busca promover un envejecimiento digno, activo y saludable, estableciendo 15 derechos orientados a fortalecer la autonomía, la participación social y el acceso a la justicia de este grupo.

El conflicto se originó semanas después de su despacho, cuando el Ejecutivo de Boric decidió vetar parcialmente la ley, apuntando principalmente a los artículos 15 y 29, que incorporaban modificaciones laborales específicas para personas mayores. Estas disposiciones incluían la creación de un “contrato especial” que permitía pactar bandas horarias, suspensión temporal de funciones y adecuaciones según el estado de salud del trabajador.

Desde el gobierno anterior, la entonces ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, justificó el veto señalando que estas medidas, aunque voluntarias en el papel, podían abrir espacios de precarización. En particular, se advirtió que la flexibilidad horaria y la posibilidad de suspender labores sin límites claros podían traducirse en periodos sin remuneración, sin cotizaciones previsionales y sin garantías de indemnización, afectando directamente la seguridad laboral de las personas mayores.

Sin embargo, la decisión del actual gobierno de retirar el veto elimina esas objeciones y permite que la ley avance con su redacción original. Esto ha generado críticas, ya que si bien la normativa amplía derechos y reconoce el valor de las personas mayores en la sociedad, mantiene artículos que han sido cuestionados por introducir condiciones laborales diferenciadas que podrían debilitar estándares de protección ya existentes.

El argumento central detrás de estas disposiciones es fomentar el empleo en la vejez bajo un enfoque de ciclo de vida, promoviendo la cooperación intergeneracional y facilitando una transición más flexible hacia la jubilación. No obstante, expertos y organizaciones sociales han advertido que, sin regulaciones más estrictas, estas herramientas podrían transformarse en mecanismos de flexibilización laboral más que en garantías efectivas de inclusión.

Con el retiro del veto, la ley se convierte en uno de los primeros proyectos impulsados por la nueva administración en quedar listo para su promulgación. Aun así, el debate de fondo permanece abierto: si Chile está avanzando hacia una mayor protección de las personas mayores o si, bajo el discurso de inclusión, se están habilitando nuevas formas de empleo con menores resguardos.