Organizaciones socioambientales y agrícolas acusan al SAG de impulsar regulación de cultivos genéticos sin rigor ni participación efectiva

Organizaciones ambientales, agrícolas y de consumidores acusan que el proceso impulsado por el SAG favorece a la industria biotecnológica, omite riesgos clave y limita la participación ciudadana en decisiones que podrían impactar la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Diversas organizaciones sociales, ambientales y del mundo agrícola, encabezadas por la Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), cuestionaron duramente el proceso liderado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para regular cultivos editados genéticamente mediante tecnologías como CRISPR/Cas9. A su juicio, la iniciativa presenta serias falencias tanto en el ámbito científico como en la participación ciudadana, acusando que la consulta pública realizada, en pleno periodo estival, operó más como una validación de decisiones ya tomadas que como una instancia deliberativa real.

Uno de los principales focos de controversia es la aprobación de trigo editado genéticamente en julio de 2025, bajo criterios que las organizaciones califican como “arbitrarios” y basados en una supuesta equivalencia con cultivos convencionales. Según advierten, dicha equivalencia carece de sustento científico sólido, especialmente considerando que las modificaciones genéticas pueden implicar alteraciones profundas en el genoma. Además, denuncian que el SAG habría optado por métodos de análisis menos rigurosos —rápidos y de bajo costo— en lugar de técnicas más completas que permitirían detectar posibles efectos no deseados en el ADN.

Desde RAP-Chile alertan que esta falta de exigencia técnica podría abrir la puerta a riesgos para la biodiversidad, la apicultura y los sistemas agrícolas tradicionales, especialmente aquellos vinculados a prácticas orgánicas y agroecológicas. A esto se suma la crítica al enfoque regulatorio del SAG, que, según las organizaciones, facilita la aprobación acelerada de estos cultivos en plazos acotados, alineándose con los intereses de empresas biotecnológicas y del mercado de semillas patentadas.

Las preocupaciones también se extienden al ámbito social y productivo. Desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) advierten sobre el riesgo de contaminación de semillas criollas y la pérdida de soberanía alimentaria, mientras que agricultores denuncian la ausencia de normas claras para evitar contaminación genética o establecer habilidades en caso de daños. Asimismo, acusan que las respuestas del SAG a la consulta pública fueron mayoritariamente estandarizadas, sin abordar observaciones técnico-científicas de fondo, lo que podría constituir una vulneración al deber de fundamentación de los actos administrativos.

En paralelo, organizaciones de consumidores advierten que la falta de etiquetado y trazabilidad impediría distinguir entre productos convencionales y editados genéticamente, afectando el derecho a la información. Frente a este escenario, distintos actores anunciaron acciones ante organismos como la Contraloría y el Ministerio de Agricultura, además de gestiones legislativas para revisar una normativa que, según sostienen, podría tener impactos profundos en el modelo agrícola y alimentario del país si no se corrige antes de su implementación.