El Presidente José Antonio Kast busca dejar fuera de la denominada megarreforma una disposición aprobada por el Congreso que obliga a empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar, sin cobro ni pago previo, a hogares y mipymes que tenían sus suministros suspendidos por deudas en zonas declaradas en estado de catástrofe. El Gobierno sostiene que la norma fue incorporada fuera de las ideas matrices del proyecto.
El Presidente José Antonio Kast recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una norma que obliga a las empresas de electricidad, agua potable y gas a reconectar gratuitamente los servicios básicos a personas y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe, incluso cuando el suministro había sido suspendido previamente por falta de pago.
Se trata del artículo 31 del proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocido como “megarreforma”. La disposición establece que las concesionarias deberán restituir el suministro sin exigir previamente el pago de la deuda y sin aplicar cargos asociados a la reconexión.
La medida contempla a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en zonas declaradas bajo estado de catástrofe y cuyos servicios hayan sido desconectados por obligaciones impagas antes o durante la vigencia de esa declaración.
La norma también establece plazos máximos para concretar la reposición: 48 horas para electricidad y gas y 24 horas para agua potable y alcantarillado, contados desde la solicitud del usuario. Además, impide que las compañías cobren por conceptos como reconexión, reposición, visitas técnicas o revisión de instalaciones.
¿Qué es lo que está cuestionando Kast?
El requerimiento del Ejecutivo no apunta a los cortes de suministro provocados directamente por una catástrofe.
Por ejemplo, si un terremoto derriba postes y deja sin electricidad a una vivienda que mantenía normalmente su servicio, esa situación no es el centro de esta controversia.
Lo que regula el artículo cuestionado son los casos de personas que tenían el servicio cortado por una deuda y posteriormente quedan dentro de una zona declarada en estado de catástrofe. En esas circunstancias, la disposición aprobada por el Congreso obliga a la empresa a reconectarlas gratuitamente y sin exigir previamente el pago de lo adeudado.
Gobierno acusa problema constitucional
La administración de Kast sostiene que el artículo fue incorporado mediante una indicación parlamentaria que no tendría relación directa con las ideas matrices del proyecto, por lo que vulneraría el artículo 69 de la Constitución.
Según el Ejecutivo, la iniciativa original estaba enfocada principalmente en financiar y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y adoptar medidas destinadas a la reactivación económica, pero no contemplaba modificaciones al régimen de reconexión de los servicios básicos.
Los reparos tampoco son nuevos. Durante la discusión del proyecto en el Senado, el Ministerio de Hacienda ya había cuestionado indicaciones incorporadas por la Cámara relacionadas con zonas de catástrofe.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la presentación ante el TC señalando que el problema estaría en la forma en que la disposición fue incorporada al proyecto. Al mismo tiempo, aseguró que el Ejecutivo no descarta discutir una regulación especial para los servicios básicos durante situaciones de catástrofe, pero considera que debería tramitarse mediante una normativa correctamente diseñada.
Oposición cuestiona la decisión
Desde la oposición hubo críticas a la presentación realizada por La Moneda. La senadora Karol Cariola (PC) manifestó su decepción y sostuvo que durante la tramitación existió un compromiso del ministro Quiroz de no vetar la disposición, debido a que el Gobierno compartiría el objetivo de facilitar el acceso a servicios básicos en situaciones de emergencia.
La controversia queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá determinar si el artículo puede mantenerse dentro del proyecto o si, como sostiene el Ejecutivo, su incorporación vulneró las reglas constitucionales de tramitación legislativa.
Si el TC acoge el requerimiento presidencial respecto de esta disposición, la obligación especial de reconectar gratuitamente a clientes cortados por deuda en zonas de catástrofe podría quedar fuera de la futura ley.
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