Este jueves se concretó la primera expulsión de migrantes irregulares durante la administración del Presidente José Antonio Kast, en un operativo que involucró a 40 personas de distintas nacionalidades y que marca el tono de la política migratoria del actual gobierno.
Del total de expulsados, 30 salieron desde el Grupo 10 de la FACh en Santiago, mientras que otros 10 lo hicieron desde la Base Cóndores de Iquique. Según los antecedentes, 25 corresponden a expulsiones administrativas y 15 a expulsiones judiciales. Un 40% de los casos está vinculado a la comisión de delitos, mientras que otros responden a infracciones migratorias como el ingreso por pasos no habilitados.
En cuanto a las nacionalidades, predominan ciudadanos colombianos (19), seguidos de bolivianos (12) y ecuatorianos (9). No se registran venezolanos en este procedimiento. Entre los delitos asociados figuran ingreso irregular al país, receptación de vehículos, tráfico de drogas y robos en distintas modalidades, lo que ha sido utilizado por las autoridades como argumento para reforzar estas medidas.
El operativo contempló un fuerte despliegue logístico, con 40 escoltas y personal de salud a bordo. El vuelo realizó una escala en Iquique antes de continuar hacia Santa Cruz de la Sierra, Quito y Bogotá, donde los expulsados fueron entregados a autoridades migratorias de sus respectivos países.
Pese a que el Gobierno presenta estas acciones como una señal de control y orden, expertos advierten que este tipo de medidas tienden a centrarse en el impacto mediático más que en soluciones estructurales al fenómeno migratorio, el cual requiere políticas integrales que aborden tanto la regularización como la inserción social y laboral, evitando reducir el debate únicamente a la expulsión.


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