La iniciativa legal aprobada en el Senado propone sanciones más duras para quienes no paguen el pasaje en transporte público, incluyendo multas mayores, inscripción en un registro de infractores y la potencial restricción temporal de beneficios como la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM). Continúa su tramitación antes de convertirse en ley.
Un proyecto de ley que refuerza las sanciones por no pagar el pasaje en el transporte público del país —como buses urbanos, metro y trenes— avanzó en su tramitación legislativa tras ser aprobado por el Senado y ahora se encuentra en la etapa de perfeccionamiento y discusión de indicaciones antes de volver a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone no solo multas más altas, sino también nuevas consecuencias administrativas, incluyendo la posibilidad de suspender temporalmente beneficios como la TNE y la TAM para quienes reincidan en la evasión o hagan uso indebido de dichos beneficios tarifarios.
Endurecimiento de sanciones por evasión
La propuesta (Boletín N° 17441‑15), impulsada por los ministerios de Interior, Transporte y Justicia, plantea modernizar el marco legal para enfrentar de forma más efectiva la evasión en los sistemas de transporte público. Entre las medidas principales destacan:
- Multas más altas: Establece una “tarifa recargada” que deberá pagarse en el momento a los fiscalizadores, equivalente a un monto significativamente mayor que el valor de un pasaje normal.
- Registro de infractores: Las personas sancionadas por evasión quedarían inscritas en un registro especial que habilita políticas de control más estrictas.
- Fiscalización ampliada: Autoriza a inspectores y autoridades para aplicar sanciones con mayor facultad de verificación y autenticación de identidad.
Consecuencias administrativas y sociales
Más allá de las sanciones económicas, el proyecto introduce restricciones que afectarían beneficios y derechos civiles. Algunas de las más relevantes son:
- Limitaciones para sacar o renovar el pasaporte a personas que se encuentren en el registro de evasores.
- Restricciones en permisos migratorios para extranjeros con infracciones registradas.
- Impedimentos para asistir a eventos públicos cerrados, como partidos de fútbol profesional, en casos de reincidencia.
- Potencial suspensión de beneficios tarifarios, como la TNE para estudiantes y la TAM para adultos mayores, cuando se detecte uso indebido recurrente asociado a la evasión.
Estas medidas buscan, según los promotores de la iniciativa, desincentivar la evasión sistemática, proteger la sustentabilidad económica del transporte público y fortalecer la seguridad de conductores e inspectores frente a situaciones de conflicto.
Contexto y cifras
La evasión del pago de pasajes ha sido una preocupación continua en varios sistemas de transporte, especialmente en grandes áreas metropolitanas. Autoridades han señalado que este fenómeno afecta la financiación operacional del transporte público, incrementa el costo para quienes sí pagan y complica la planificación del servicio en años recientes.
En años anteriores, medidas de anticorrupción y control de acceso han intentado reducir la evasión en distintos operadores, con resultados mixtos, lo que ha llevado a plantear un marco legal más robusto y sanciones que superen las meras infracciones administrativas tradicionales.
Estado de la tramitación
El proyecto fue aprobado en general por el Senado y ahora continúa su camino legislativo con la revisión de indicaciones en comisiones antes de retornar a la Cámara de Diputados para su evaluación final. Solo tras la aprobación de ambas cámaras y la firma presidencial podría transformarse en ley y comenzar su aplicación en el país.


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