SAG responde con respuestas genéricas a consulta sobre semillas alteradas: Gremios anuncian acciones ante Contraloría

Organizaciones agrícolas cuestionan que el Servicio Agrícola y Ganadero utilizara respuestas estandarizadas en una consulta clave sobre edición genómica, omitiendo abordar observaciones técnicas y dejando dudas sobre transparencia y legalidad del proceso.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) publicó en marzo las respuestas a la Consulta Ciudadana N° 31.216/2025 sobre Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT), proceso que buscaba recoger observaciones al proyecto que define si semillas editadas genéticamente quedan bajo la regulación de organismos genéticamente modificados (OGM). Sin embargo, el análisis de las 84 respuestas entregadas (realizado por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la agricultura tradicional) detectó que el 95% de los comentarios fue contestado mediante solo tres párrafos tipo, sin considerar el contenido específico ni la profundidad técnica de las observaciones presentadas.

Entre los cuestionamientos más relevantes, se advierte que incluso aportes con respaldo científico, como los efectos fuera del sitio objetivo en edición genómica, la falta de trazabilidad en trigo editado con CRISPR o los riesgos legales por contaminación cruzada, recibieron respuestas genéricas que no abordan el fondo de los planteamientos. Las organizaciones sostienen que esta práctica podría vulnerar el principio de fundamentación de los actos administrativos establecido en la Ley N° 19.880, poniendo en entredicho la validez del proceso. A esto se suma la existencia de un documento de respuesta extendido que es mencionado en las plantillas del SAG pero que no ha sido publicado, lo que abre un nuevo flanco en materia de acceso a la información pública.

El trasfondo del debate es significativo: el proyecto permitiría que cultivos editados genéticamente sean tratados como semillas convencionales, sin exigencias de etiquetado, trazabilidad ni protocolos de bioseguridad equivalentes a los OGM. Para el mundo agrícola tradicional, esto implica riesgos económicos, legales y productivos, incluyendo la pérdida de diferenciación comercial y la imposibilidad de detectar contaminación por polinización cruzada. Frente a este escenario, las organizaciones anunciaron acciones formales, entre ellas requerimientos de información al SAG, la presentación de antecedentes ante la Contraloría General de la República y gestiones ante el Ministerio de Agricultura y el Congreso, en un intento por frenar o modificar una normativa que acusan fue tramitada sin un debate técnico real.