Sylvia Fuentes Cid informó al directorio de la Asociación de Municipios Costa Araucanía que presentó denuncias ante la Dirección del Trabajo y la PDI contra Ricardo Herrera, a quien identifica como representante legal y secretario ejecutivo. Documentos revisados por Novena Digital muestran que la entidad ya había sido fiscalizada en 2025 tras otra denuncia Ley Karin y que, meses después, fue objeto de una tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
Una denuncia por presuntas conductas de acoso sexual y laboral remeció a la Asociación de Municipios Costa Araucanía, organismo integrado por comunas de la zona costera de la región.
Sylvia Fuentes Cid, quien se identifica como secretaria de la asociación, notificó formalmente al directorio que el pasado 14 de agosto interpuso acciones ante la Dirección del Trabajo y la Policía de Investigaciones contra Ricardo Herrera, a quien señala como representante legal y secretario ejecutivo de la entidad.
Según el documento enviado por la trabajadora, la denuncia ante la Dirección del Trabajo quedó registrada bajo el N.º 226551/2026 y los hechos denunciados corresponderían, de acuerdo con su presentación, a conductas de acoso laboral y sexual en el marco de la denominada Ley Karin.
Fuentes sostiene además que, según su versión, no se trataría de un episodio aislado.
En la comunicación dirigida al directorio afirma que existiría un supuesto patrón de conductas que habría afectado a otras secretarias y colaboradoras de la institución, mencionando hostigamientos, conductas indebidas y un presunto ejercicio abusivo de poder.
Estas afirmaciones corresponden actualmente a acusaciones formuladas por la denunciante. En los antecedentes revisados por Novena Digital no existe hasta ahora una resolución administrativa, policial o judicial que establezca responsabilidad de Ricardo Herrera por los hechos denunciados.
Solicitan medidas de resguardo
En su presentación, Fuentes solicita al directorio tomar conocimiento inmediato de las acciones iniciadas y garantizar las medidas de protección que determine la Dirección del Trabajo durante el desarrollo de la investigación.
También pide que se evalúe preventivamente la suspensión de funciones o remoción del denunciado, con el objetivo —según sostiene— de asegurar la transparencia del procedimiento y resguardar la seguridad de la trabajadora.
La carta plantea además que el denunciado no mantenga contacto, comunicación ni cercanía física o digital con la afectada durante el período investigativo, en caso de que así sea dispuesto por la autoridad correspondiente.
Asociación ya había sido fiscalizada por denuncia Ley Karin
La actual acusación aparece en medio de antecedentes laborales anteriores de la Asociación de Municipios Costa Araucanía.
Novena Digital tuvo acceso al Informe de Fiscalización N.º 0901/2025/1427 de la Dirección del Trabajo, procedimiento iniciado durante 2025 y que, según el propio documento oficial, se originó a partir de una denuncia bajo la Ley Karin.
En aquella fiscalización, la Dirección del Trabajo identificó a la Asociación de Municipios Costa Araucanía como empleador y consignó a Ricardo Herrera como su representante legal.
La inspección abordó materias relacionadas con contratos de trabajo, comprobantes de remuneraciones, cotizaciones previsionales, registro de asistencia, jornada laboral y protección a la maternidad.
El organismo fiscalizador constató incumplimientos en distintas materias. Algunas infracciones fueron corregidas por el empleador dentro de los plazos otorgados y finalmente no terminaron en sanciones administrativas.
Sin embargo, la Dirección del Trabajo sí cursó una multa de 5 UTM por no llevar correctamente el registro de asistencia y las horas de entrada y salida de una trabajadora.
Pese a que aquella fiscalización tuvo su origen en una denuncia Ley Karin, el informe revisado por este medio no establece que la Dirección del Trabajo haya acreditado acoso sexual o laboral en ese procedimiento.
Por esta razón, con los antecedentes actualmente disponibles no es posible afirmar que la denuncia de 2025 corresponda a los mismos hechos, personas o conductas denunciadas ahora por Sylvia Fuentes.
Tutela laboral llegó al tribunal de Carahue
Los problemas laborales vinculados a la Asociación también llegaron posteriormente a tribunales.
El 28 de enero de 2026, el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue tuvo por interpuesta una denuncia por vulneración de derechos fundamentales mediante un procedimiento de tutela laboral contra la Asociación de Municipios Costa Araucanía.
La acción quedó registrada bajo el RIT T-1-2026 y RUC 26-4-0747954-7.
En aquella resolución, el tribunal fijó inicialmente una audiencia preparatoria para el 24 de abril de 2026 y dispuso reserva de la causa.
El documento judicial disponible no contiene la demanda completa, por lo que no permite determinar quién presentó dicha acción, cuáles fueron específicamente los derechos fundamentales que se acusaron como vulnerados ni si los hechos guardan relación con las actuales denuncias.
Tampoco consta en los antecedentes analizados una sentencia que permita sostener que la Asociación haya sido condenada en dicho procedimiento.
Diferencias sobre la representación legal
Los antecedentes revisados presentan además diferencias respecto de quién ejercía la representación legal de Costa Araucanía en distintos momentos.
En la fiscalización desarrollada durante 2025, la Dirección del Trabajo identifica a Ricardo Herrera como representante legal de la Asociación.
Sin embargo, en la resolución judicial del 28 de enero de 2026, el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue señala como representante legal de la entidad a Baldomero Abel Santos Vidal.
Ahora, en agosto de 2026, Sylvia Fuentes vuelve a identificar en su denuncia a Ricardo Herrera como actual representante legal y secretario ejecutivo.
Los documentos disponibles no permiten determinar si durante ese período existieron modificaciones en la representación legal de la Asociación.
Existe, además, una diferencia en la escritura del apellido del denunciado: mientras el informe de la Dirección del Trabajo consigna “Ricardo Herrera Foody”, la comunicación presentada por Sylvia Fuentes utiliza “Ricardo Herrera Floody”.
Tres episodios que todavía no pueden vincularse
Los antecedentes permiten establecer que la Asociación de Municipios Costa Araucanía fue fiscalizada durante 2025 a raíz de una denuncia Ley Karin, que en ese procedimiento se comprobaron infracciones laborales y se cursó una multa, y que durante enero de 2026 la institución fue objeto de una tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
A esos episodios se agrega ahora la denuncia presentada por Sylvia Fuentes por presunto acoso laboral y sexual contra Ricardo Herrera.
Sin embargo, la documentación disponible no permite establecer que los tres hechos estén directamente relacionados, que correspondan a las mismas trabajadoras o que formen parte de un mismo patrón de conducta acreditado por una autoridad.
Las actuales imputaciones permanecen en calidad de denuncia y deberán ser esclarecidas por los organismos competentes.
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