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Senado aprueba endurecer sanciones contra evasores del transporte público: multas más duras y castigos que alcanzan beneficios sociales

Senado aprueba endurecer sanciones contra evasores del transporte público: multas más duras y castigos que alcanzan beneficios sociales

Sin votos en contra, la Cámara Alta dio luz verde a un proyecto que busca frenar la evasión con medidas más estrictas, incluyendo la suspensión de licencias y restricciones para acceder a beneficios del Estado, en medio de críticas por priorizar castigos por sobre soluciones estructurales al sistema.

Con 35 votos a favor y sin oposición, el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 18.287 para aumentar las sanciones a quienes evaden el pago en el transporte público, avanzando así a su tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas.

La iniciativa elimina la posibilidad de acceder a un 50% de rebaja en la multa por pago anticipado y establece, en su lugar, el pago de una “tarifa recargada” como alternativa para evitar ingresar al registro de evasores. Además, contempla sanciones más severas como la suspensión de la licencia de conducir o del permiso de circulación, junto con restricciones para acceder a beneficios del Estado, lo que marca un giro hacia medidas de carácter más punitivo.

El proyecto también refuerza el registro de evasores y obliga a operadores, Metro y EFE a implementar planes de fiscalización más estrictos. A esto se suma la eliminación de beneficios en casos de uso indebido de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y la Tarjeta Adulto Mayor (TAM), ampliando el alcance de las sanciones más allá del simple no pago del pasaje.

En paralelo, se endurecen las penas para quienes agredan a conductores, fiscalizadores o inspectores municipales, aumentando automáticamente el grado del delito en caso de lesiones, equiparándolo a lo que ocurre con funcionarios de otros sistemas de transporte.

Desde el Gobierno, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, defendió la iniciativa señalando que la evasión genera pérdidas anuales de entre 150 y 200 millones de dólares para el Estado. Sin embargo, la aprobación abre cuestionamientos sobre el enfoque adoptado, centrado en sanciones y restricciones, sin abordar de fondo factores como el costo del transporte, la calidad del servicio o las brechas de acceso que inciden en la evasión.