El subsecretario del Interior, Luis Cordero, salió en defensa de la política de regularización acotada de migrantes presentada por el Gobierno, resaltando que la iniciativa está orientada a garantizar seguridad y estabilidad tanto para los ciudadanos como para los residentes extranjeros en Chile.
“Quienes desean estar en nuestro país tienen que cumplir con las reglas, y quienes no, tienen que abandonarlo. Para eso, la intervención de las policías es determinante”, aseguró Cordero, destacando la implementación de herramientas tecnológicas para fiscalizar la situación migratoria.
El subsecretario informó que 182 mil personas se empadronaron voluntariamente en el proceso, subrayando que esta medida no implica un «perdonazo». «Es la única forma de proveer tranquilidad a los chilenos y chilenas de que sus vecinos están sometidos a las reglas del sistema institucional chileno», afirmó.
Según cifras del Ministerio del Interior, durante 2024 ya se han concretado 1.050 expulsiones, un 20% más que el año anterior, reflejando el compromiso del Ejecutivo con el control migratorio.
Además, se anunció la implementación de un sistema de semáforo que permitirá a las autoridades identificar rápidamente el estatus migratorio de las personas fiscalizadas: verde para situación regular, amarillo en tramitación, y rojo para quienes estén en condición irregular.
Ante los cuestionamientos de sectores opositores, que consideran la medida como insuficiente o permisiva, Cordero fue enfático: «Detrás de esto no hay buenismo. Esta es una política pensada en razones de seguridad y económicas».
El Gobierno busca, con esta iniciativa, avanzar en la regularización y control de la población migrante, en medio de un debate nacional marcado por la tensión entre seguridad y derechos humanos.


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