Violencia escolar: expulsiones y cancelaciones por armas y drogas se disparan

Entre 2019 y 2023, los casos de expulsión y cancelación de matrícula por uso o porte de armas y hechos relacionados con drogas crecieron de manera significativa, según datos de la Superintendencia de Educación.

Desde 2019 hasta 2023, los casos de expulsión y cancelación de matrícula por uso o porte de armas se multiplicaron de 27 a 231, mientras que los relacionados con hechos de drogas aumentaron de 44 a 161, según información de la Superintendencia de Educación obtenida por Fast Check CL mediante una solicitud de transparencia.

La Ley Aula Segura, promulgada el 19 de diciembre de 2018, obliga a los colegios con financiamiento estatal a reportar a la Superintendencia las expulsiones y cancelaciones aplicadas por hechos graves que afectan la convivencia escolar. Desde su implementación se han registrado más de 5.200 expulsiones, de las cuales alrededor del 86% de los estudiantes volvió al sistema al año siguiente.

Entre 2016 y 2019, los casos por uso, porte, posesión y tenencia de armas se mantuvieron bajos, y durante 2020 no hubo registros. Tras el retorno a la presencialidad, los casos se dispararon: 110 en 2022 y un peak de 231 en 2023, con 76 hasta agosto de 2024. En cuanto a drogas, las expulsiones subieron de 23 en 2016 a 109 en 2023 y las cancelaciones de 19 a 52, alcanzando un total de 161 casos en 2023 y 66 hasta agosto de 2024.

El análisis por dependencia administrativa muestra que los colegios municipales concentran gran parte de los casos, especialmente en 2023 con 94 expedientes por armas, mientras que la mayoría de los registros totales se concentran en establecimientos particulares subvencionados, con 115 expedientes por armas y 101 por drogas en 2023. Sin embargo, especialistas advierten que los datos reflejan cantidades netas y no porcentajes, por lo que no se puede concluir que ocurra más en unos colegios que en otros.

Para Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, el aumento refleja tanto un mayor registro como un deterioro real del clima escolar: “Los niños evidenciaron pérdida de hábitos de convivencia, tensiones emocionales acumuladas y dificultades de reintegración de estudiantes”. En cuanto a drogas, señaló que la prolongada suspensión de clases presenciales expuso a estudiantes a hogares con posibles influencias negativas, aumentando episodios de violencia y consumo.

Gonzalo Muñoz, académico de la Universidad Diego Portales, subraya que estas cifras reflejan un fenómeno social más amplio: “El país y el sistema educativo no están ajenos al incremento de la violencia y de las situaciones que afectan la convivencia en la sociedad chilena”. Sobre la Ley Aula Segura, Muñoz indica que, aunque permite aplicar sanciones, el verdadero desafío es que los establecimientos cuenten con apoyos suficientes para manejar los problemas de convivencia.

Finalmente, Estrella enfatiza que la reincorporación de estudiantes expulsados es clave para prevenir la repetición de conductas delictivas: “Los jóvenes que delinquen y son expulsados para luego ser abandonados por el sistema son mucho más propensos a seguir delinquiendo”.