27-F: La herida política que aún golpea a Bachelet a 16 años de la tragedia

Este viernes se conmemoran 16 años del terremoto y posterior tsunami que golpearon al país. La tragedia no solo dejó una profunda huella humana y material, sino también un debate persistente sobre la conducción de la emergencia durante el gobierno de Michelle Bachelet y las decisiones adoptadas en las horas más críticas.

El 27 de febrero de 2010 se transformó en uno de los episodios más complejos del primer mandato de Michelle Bachelet. La fallida alerta de tsunami, la información contradictoria entre la Onemi y el SHOA, y la ausencia de una evacuación oportuna en zonas costeras derivaron en la muerte de 104 personas por efecto del maremoto. Aquella madrugada, la descoordinación institucional quedó en evidencia y abrió un debate que, 16 años después, aún no se cierra del todo.

El denominado “caso tsunami” investigó eventuales responsabilidades penales por lo ocurrido. El Ministerio Público decidió no imputar a la ex Mandataria, aunque sí formalizó a otras seis autoridades de la época, entre ellas el ex subsecretario del Interior, la ex directora de la Onemi y funcionarios del SHOA. Según los antecedentes judiciales, la determinación de decretar la alerta no recaía directamente en la Presidenta, pese a que se encontraba en dependencias de la Onemi durante la emergencia.

Más allá de la resolución judicial, la controversia política y pública ha persistido. A las críticas por la fallida alerta se suman cuestionamientos por la demora en decretar estado de catástrofe en el Maule y el Biobío, decisión que permitió el despliegue de cerca de 14 mil militares para restablecer el orden en las zonas más afectadas. Para muchos, las primeras horas tras el sismo evidenciaron vacíos de liderazgo y reacción en un momento en que el país demandaba claridad y rapidez.

A 16 años de la tragedia, el 27-F sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. No solo por la magnitud del desastre natural, sino también porque instaló una discusión profunda sobre la responsabilidad política y la capacidad del Estado para responder ante una de las emergencias más graves de su historia reciente.