Austeridad radical: El plan de Kast omite 40 horas y PGU para financiar recorte fiscal del 3,5% del PIB

La propuesta, basada en la «mano dura» militar para la Araucanía y la liberación de las Pymes de la «asfixia» que generan la burocracia y la sobrerregulación estatal, plantea una dura cirugía al gasto público con un vacío programático en derechos laborales y pensiones.

El programa del candidato presidencial José Antonio Kast, que aborda las urgencias del país bajo un enfoque de «gobierno de emergencia», despliega una estrategia de seguridad de carácter duro para la Macrozona Sur que contrasta con una ambigüedad notable en materia social y laboral.

En lo que respecta a La Araucanía, el plan eleva la conflictividad regional a un problema de «combate al terrorismo» , una conceptualización que justifica el «total respaldo político, institucional y jurídico» a las Fuerzas Armadas en sus funciones de resguardo del orden. Este enfoque de seguridad, que incluye la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad, se posiciona como el pilar fundamental para recuperar la «tranquilidad» en el sur.

Sin mención a las 40 horas laborales

Sin embargo, el eje económico y social del programa levanta alertas debido a su radical propuesta de austeridad fiscal y las importantes omisiones en legislación laboral y previsional. Kast promete reimpulsar el empleo, centrándose en liberar a los emprendimientos y Pymes de la «asfixia» del Estado y la burocracia. En este contexto, el programa brilla por la ausencia de menciones a la Ley de 40 Horas, sugiriendo una política de desregulación tácita en favor de la iniciativa privada a costa de nuevas garantías para los trabajadores.

Estado más pequeño y «moderno»

La medida más contundente y crítica se encuentra en el compromiso de atacar el «gasto público desbordado». El plan fija como objetivo la recuperación de al menos un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), identificado como «gasto innecesario». Esta ambiciosa meta de ajuste fiscal se complementa con la intención de hacer un Estado «más pequeño» y moderno, mediante la reducción del personal en el Estado.

Expertos han advertido que, si bien el objetivo es la eficiencia, un recorte de tal magnitud (3,5% del PIB) requiere una drástica reestructuración que podría poner en riesgo programas sociales. Esta preocupación se acentúa por la falta de detalle en el documento respecto a cómo se abordará la «emergencia social» (pobreza y listas de espera ), al no mencionarse tampoco el futuro de beneficios esenciales como la PGU o propuestas de reforma a la edad de jubilación.

En síntesis, la propuesta de Kast plantea un camino de doble vía: mano dura y militarización para la seguridad regional, y un plan de choque de austeridad en Santiago con un costo fiscal cuantificado, pero con un vacío de contenido en las protecciones sociales y los derechos laborales.