A pesar del aumento sostenido de incendios forestales en el país, el proyecto de Ley de Prevención y Combate de Incendios Forestales sigue sin ser despachado por el Senado. La iniciativa busca obligar a medidas preventivas, definir responsabilidades y endurecer sanciones, pero enfrenta resistencia por costos, competencias y presiones de sectores privados.
Chile enfrenta cada año incendios forestales de mayor intensidad y extensión, especialmente en regiones como La Araucanía, Biobío y Ñuble. Sin embargo, el país aún no cuenta con una Ley de Incendios que establezca reglas claras y obligatorias para la prevención, mantención de terrenos y responsabilidades ante emergencias.
La llamada Ley de Prevención y Combate de Incendios Forestales no apunta solo a mejorar la respuesta ante el fuego, sino a evitar que los incendios ocurran, obligando a privados y al Estado a tomar medidas antes de que se inicie una emergencia.
¿Qué busca regular la Ley de Incendios?
El proyecto establece una serie de obligaciones preventivas que hoy, en la práctica, no son exigibles por ley. Entre sus principales ejes se encuentran la implementación de medidas de prevención obligatorias en zonas de alto riesgo, la regulación de la interfaz urbano-rural, donde viviendas colindan con bosques o plantaciones, la definición de responsabilidades claras entre el Estado, municipios y propietarios privados, y el endurecimiento de las sanciones penales para quienes provoquen incendios de forma intencional o por negligencia.
El objetivo es cambiar el modelo actual, centrado en la emergencia, por uno basado en la prevención permanente.
¿En qué estado está hoy el proyecto?
Actualmente, el proyecto se encuentra en el Senado en la etapa de discusión en particular, donde se revisa artículo por artículo. La iniciativa ya fue aprobada en general, lo que significa que existe acuerdo en legislar. Sin embargo, varios artículos clave han sido modificados, congelados o devueltos a comisión, lo que ha impedido su avance definitivo.
En la práctica, la ley sigue estancada, mientras los incendios continúan repitiéndose cada temporada.
Los artículos que generan mayor conflicto
Uno de los principales puntos de tensión es la obligación de mantener fajas cortafuego, es decir, franjas libres de vegetación combustible alrededor de viviendas, caminos y sectores críticos. Esta medida implica costos directos para propietarios y empresas, lo que ha generado resistencia durante la tramitación.
Otro eje conflictivo es la imposición de obligaciones a empresas forestales y grandes propietarios, quienes deberían realizar manejo preventivo permanente de sus terrenos. Estos sectores han presionado para flexibilizar o reducir las exigencias contempladas en el proyecto.
También genera controversia la regulación de viviendas emplazadas en zonas de riesgo, especialmente en parcelaciones y áreas rurales, debido al impacto que estas normas podrían tener sobre propietarios y municipalidades.
Finalmente, el aumento de atribuciones para Conaf y los municipios en materia de fiscalización y prevención ha sido cuestionado por senadores que advierten falta de recursos y problemas de coordinación institucional.
¿Por qué esta demora es relevante?
Mientras la Ley de Incendios no se apruebe, la prevención sigue siendo voluntaria, las responsabilidades continúan siendo difusas y el Estado actúa principalmente cuando el incendio ya está fuera de control.
El resultado es un país que enfrenta los incendios desde la emergencia y no desde la prevención, repitiendo un ciclo que golpea con fuerza a las mismas regiones cada verano.
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