La exministra de la Corte Suprema fue detenida en su domicilio en Las Condes y enfrentará formalización por delitos de cohecho y lavado de activos, en una investigación vinculada a fallos judiciales y presuntos beneficios económicos.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida la noche del domingo 25 de enero en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de una investigación penal liderada por la Fiscalía por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.
La detención fue concretada por personal especializado de Carabineros, tras una orden emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que se diera curso a una querella de capítulos que habilitó la persecución penal en su contra, considerando su condición de exautoridad judicial.
¿Qué se investiga?
La causa se vincula a una indagatoria conocida públicamente como la “trama bielorrusa”, relacionada con un conflicto judicial de alto monto entre la empresa Belaz-Movitec y Codelco. Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, Ángela Vivanco habría participado en decisiones judiciales sin inhabilitarse, pese a eventuales vínculos con personas involucradas en el caso.
La Fiscalía indaga si estas actuaciones habrían favorecido intereses privados y si, a cambio, la exministra habría recibido beneficios económicos que ahora son analizados como parte de un eventual esquema de corrupción judicial.
De la destitución a la investigación penal
Cabe recordar que Ángela Vivanco ya había sido destituida previamente de la Corte Suprema, tras un proceso político y administrativo que cuestionó su actuación en diversos fallos. La actual investigación penal representa un nuevo y más grave escenario, al trasladar las responsabilidades al ámbito criminal.
Próximos pasos
Tras su detención, Vivanco quedó a disposición del tribunal para su control de detención y formalización, instancia en la que la Fiscalía expondrá los hechos que se le imputan y podría solicitar medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.
El caso ha generado un fuerte impacto en el sistema judicial chileno, al involucrar a una exministra del máximo tribunal del país en una causa por presunta corrupción, reabriendo el debate sobre la probidad, los conflictos de interés y los mecanismos de control al interior del Poder Judicial.
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