La Ley de Incendios, que busca fortalecer la prevención y regulación de siniestros forestales y rurales en Chile, se convirtió en un foco de tensión entre el Gobierno y el Senado, con acusaciones de paralización y retraso legislativo en medio de una grave temporada de incendios.
El proyecto, conocido como Boletín 16.335‑14, fue ingresado por el Ejecutivo en 2023 y tiene como objetivo establecer un marco normativo para prevenir incendios, definir zonas de riesgo urbano-rural, fijar obligaciones para propietarios de terrenos y mejorar la coordinación entre instituciones estatales ante emergencias.
La ministra vocera, Camila Vallejo, ha señalado que el proyecto está “paralizado en la Comisión de Hacienda del Senado” pese a que el Gobierno le otorgó urgencia, responsabilizando a los parlamentarios de la demora en su tramitación. El Ejecutivo ha insistido en que la ley es urgente para proteger a las comunidades y reducir riesgos en la temporada de incendios 2026.
Por su parte, la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda, defendió la labor legislativa de su equipo, asegurando que el proyecto ha sido trabajado en varias sesiones técnicas y que la demora también se debe a la falta de recursos asignados en el presupuesto y a la necesidad de revisar aspectos técnicos del proyecto. Rincón añadió que, aunque la ley avance, no entraría en vigencia de inmediato, y que no aborda todos los aspectos de persecución penal o recursos adicionales para emergencias.
Tras las críticas, la comisión finalmente despachó las indicaciones del proyecto, permitiendo que la ley pase a la Sala del Senado para su debate general. El avance se produce en medio de la presión por la emergencia y los incendios que afectan a Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde la prevención y coordinación institucional se han vuelto críticas.


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