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Afganistán

“Mientras no se rompan huesos”: Nuevo código penal de Talibanes legaliza violencia doméstica hacia mujeres en Afganistán

Organizaciones y observadores internacionales advierten que las modificaciones legales podrían legitimar la violencia doméstica, al permitir agresiones siempre que no dejen heridas visibles y establecer severas restricciones para que las víctimas accedan a la justicia.

Una reciente reforma al Código Penal de Afganistán ha generado preocupación a nivel internacional tras conocerse que el nuevo marco normativo podría abrir la puerta a la legalización de la violencia intrafamiliar. La normativa, conocida como De Mahakumu Jazaai Osulnama, establece en su artículo 32 que los líderes del hogar pueden imponer castigos físicos “discrecionales” a sus esposas en caso de que estas cometan alguna falta dentro del ámbito doméstico.

El texto ha sido ampliamente cuestionado, ya que permitiría que mujeres e hijos reciban golpes siempre que no existan heridas visibles. Además, contempla disposiciones que califican legalmente a las esposas como subordinadas dentro del hogar, impidiéndoles abandonar la vivienda sin autorización, bajo amenaza de hasta tres meses de prisión.

Aunque el código establece una vía judicial para mujeres que sufran agresiones, esta exige que la víctima demuestre lesiones corporales graves exhibiendo físicamente sus heridas ante un juez, manteniéndose completamente cubierta y acudiendo al tribunal acompañada por su esposo o un tutor masculino. En la práctica, críticos señalan que este requisito resulta restrictivo y contradictorio, considerando que en muchos casos el agresor es el propio marido.

La reforma también fija que un esposo podría enfrentar hasta 15 días de prisión únicamente si las agresiones generan fracturas, heridas o moretones visibles y si la víctima logra acreditar los hechos ante un tribunal. La baja penalidad ha sido comparada con otras sanciones del mismo código, donde organizar peleas de perros podría conllevar hasta cinco meses de cárcel, evidenciando —según especialistas— una desproporción que debilita la protección efectiva de las mujeres.

Diversos organismos han manifestado que este tipo de disposiciones no solo restringen derechos fundamentales, sino que consolidan un marco legal que dificulta el acceso a la justicia y profundiza la vulnerabilidad de mujeres y niñas en el país.