La salida de la autoridad ocurre justo cuando se conocieron cargos contra una universidad privada vinculada a la derecha, donde se detectaron pagos millonarios e irregularidades en contrataciones de dirigentes políticos. El caso abre dudas sobre presiones y autonomía en la fiscalización.
El Gobierno solicitó la renuncia de José Miguel Salazar, quien encabezaba la Superintendencia de Educación Superior, en medio de un caso que golpea directamente a figuras políticas ligadas a la derecha chilena.
La salida se produce en paralelo a la investigación que el propio organismo llevaba adelante contra la Universidad San Sebastián, institución que mantiene vínculos históricos con sectores como la UDI y el Partido Republicano.
Pagos fuera de norma y contrataciones cuestionadas
La indagatoria concluyó que la universidad incurrió en pagos fuera de sus propias normas internas y contrataciones que no cumplían los requisitos establecidos, afectando a cerca de 15 personas, varias de ellas con trayectoria política.
Entre los nombres cuestionados aparecen Marcela Cubillos, ligada a la UDI; Arturo Squella, actual presidente del Partido Republicano, colectividad asociada al liderazgo de José Antonio Kast; y Manuel Guerra, exfiscal formalizado por delitos de corrupción en el denominado caso Hermosilla.
El caso se originó tras revelarse que Marcela Cubillos percibía un sueldo cercano a los $17 millones, lo que derivó en una fiscalización más amplia que terminó por evidenciar un patrón de irregularidades.
Sospechas de redes políticas
Según el regulador, los problemas detectados son de dos tipos: por un lado, remuneraciones que superaban las bandas salariales definidas por la propia universidad, y por otro, contrataciones que no cumplían requisitos académicos o administrativos internos.
Sin embargo, el punto más sensible es la sospecha de que estas prácticas no fueron aisladas, sino parte de una lógica donde la Universidad San Sebastián habría funcionado como espacio de contratación para figuras políticas, especialmente del mundo de la derecha.
El factor clave: la salida del superintendente
La salida de José Miguel Salazar se concreta justo cuando la investigación ya estaba cerrada y a la espera de una sanción, lo que instala cuestionamientos sobre el momento en que se produce el cambio de autoridad.
La decisión abre dudas sobre el contexto político del caso, considerando que los involucrados pertenecen principalmente a sectores como la UDI y el Partido Republicano.
El caso Guerra y su impacto
La situación se vuelve aún más compleja por la presencia de Manuel Guerra, cuya contratación en la universidad también es observada en una causa penal, donde se investiga si su llegada fue una eventual compensación por decisiones adoptadas cuando ejercía como fiscal.
Este escenario conecta el caso no solo con irregularidades administrativas, sino también con posibles redes de influencia entre política, justicia y educación superior.
Reincidencia y presión institucional
La Universidad San Sebastián ya había sido sancionada en 2025 por otras irregularidades, lo que ahora podría agravar su situación frente a una nueva resolución del organismo fiscalizador.
En paralelo, el cambio en la jefatura de la Superintendencia de Educación Superior agrega presión sobre el proceso y deja abierta una duda de fondo sobre el funcionamiento del sistema.
¿Puede existir una fiscalización independiente cuando los casos involucran a figuras políticas de alto nivel y, al mismo tiempo, cambia la autoridad encargada de supervisar?
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