En diciembre de 2025, una funcionaria de carrera rompió el silencio ante Novena Digital para exponer cómo otra trabajadora habría ascendido a un alto cargo directivo omitiendo una sentencia firme por discriminación laboral. A abril de 2026, la denunciante acusa que la impunidad persiste pese al cambio de administración.
En diciembre de 2025, María José Zúñiga, funcionaria con 28 años de trayectoria en el Ministerio de Educación, decidió romper el silencio y contactar a nuestro medio para denunciar lo que considera un «premio a la violencia laboral». Zúñiga puso a disposición de Novena Digital documentación oficial que acredita una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en el 2024 contra Flavia Patricia Fiabane Salas, exjefa de la División de Educación General (DEG), por el cargo de discriminación arbitraria.
Dicha sentencia (Rol N°151-2024), dictada originalmente en agosto de 2024 por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas y confirmada por el tribunal de alzada el 27 de diciembre de ese mismo año, estableció la responsabilidad de Fiabane en la vulneración de derechos fundamentales de la funcionaria.
La omisión en la Alta Dirección Pública
La gravedad del caso radica en el nombramiento de Fiabane, ocurrido en agosto de 2025, como Jefa de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) «Los Parques». Según el relato y los antecedentes proporcionados por María José Zúñiga, Fiabane habría ganado el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) tras omitir en sus antecedentes de postulación la existencia de la sentencia judicial y un sumario vigente por Ley Karin en su contra.
De acuerdo a la información entregada por la denunciante, esta presunta falta de transparencia le permitió a Fiabane imponerse sobre otros 419 postulantes y acceder a una renta líquida promedio de casi 4 millones de pesos mensuales.
Inacción ministerial y abandono gremial
Zúñiga relató que, en su momento, puso estos antecedentes en manos del entonces Ministro de Educación (de aquel entonces), Nicolás Cataldo, quien se habría negado a instruir el sumario administrativo necesario para hacer efectiva la responsabilidad administrativa tras el fallo judicial.
Asimismo, la afectada arremetió contra la directiva nacional de la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares del Ministerio de Educación (Andime). Siguiendo la línea de su denuncia, acusó a los dirigentes de la asociación de una «complicidad partidista» por ignorar las alertas de maltrato emitidas bajo la administración anterior.
Incertidumbre al 12 de abril
Al día de hoy, domingo 12 de abril de 2026, bajo la administración del presidente José Antonio Kast, se desconoce si Flavia Fiabane continúa ejerciendo su cargo directivo en el SLEP. La situación mantiene en alerta a María José Zúñiga y a diversos sectores de las bases funcionarias, quienes cuestionan los filtros de probidad del Estado.
Según lo dado a conocer por la afectada, resulta contradictorio que instituciones públicas mantengan en puestos de poder a personas con sentencias firmes por vulnerar los derechos de otras mujeres y afectar la integridad de familias trabajadoras, un tema que queda como tarea pendiente para las nuevas autoridades gubernamentales.
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