El ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno “va a seguir gobernando igual” incluso si la Ley de Reconstrucción Nacional no avanza en el Congreso. Desde el oficialismo y sectores de izquierda acusaron una señal “grave” y cuestionaron el impacto fiscal del proyecto.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a encender el debate político y económico en torno a la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, luego de advertir que el Ejecutivo podría seguir impulsando su agenda mediante decretos si la iniciativa no logra avanzar en el Congreso.
Las declaraciones fueron realizadas durante el seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, organizado por Clapes UC, instancia en la que el secretario de Estado defendió la propuesta económica del Gobierno en medio de un escenario marcado por el bajo crecimiento, el déficit fiscal y el desempleo.
“Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, afirmó Quiroz durante su exposición.
El titular de Hacienda sostuvo además que “es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, descartando que un eventual rechazo legislativo implique abandonar la hoja de ruta económica del Ejecutivo.
En su intervención, Quiroz volvió a insistir en la compleja situación económica del país, apuntando al bajo Imacec de marzo, el alto gasto público, el desempleo y el déficit fiscal como parte de los desafíos que enfrenta la administración.
Además, llamó a “desmitificar” las críticas hacia el proyecto y reiteró una frase que ha utilizado anteriormente: “Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes”.
Negociaciones políticas y respaldo parcial
Las declaraciones del ministro se producen en medio de intensas negociaciones para intentar destrabar la iniciativa en el Congreso, especialmente con el Partido de la Gente.
En ese contexto, el excandidado presidencial, Franco Parisi, aseguró haber alcanzado acuerdos con el Gobierno tras reunirse con Quiroz, aunque precisó que la decisión final sobre el respaldo al proyecto quedará en manos de los diputados de la colectividad.
Durante el seminario también participó el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien defendió el informe financiero del proyecto y aseguró que la propuesta entrega “un poderoso empuje” a la economía mediante menores tasas, mayor certeza jurídica y agilización de proyectos.
Sin embargo, Larraín también reconoció la necesidad de introducir modificaciones al texto tras las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
“A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”, señaló, agregando que algunas medidas de prudencia y gradualidad podrían facilitar el avance legislativo de la iniciativa.
Oficialismo y oposición endurecen críticas
Desde sectores oficialistas y de izquierda, las declaraciones de Quiroz generaron una inmediata reacción crítica.
La diputada y economista Irací Hassler cuestionó la aprobación del proyecto en la Comisión de Hacienda y afirmó que la iniciativa “representa una grave irresponsabilidad con el país y con las finanzas públicas”.
Según Hassler, existen inconsistencias técnicas que no han sido respondidas por el Ejecutivo y advirtió que el propio Consejo Fiscal Autónomo confirmó que el proyecto tendría un impacto fiscal negativo.
“Hoy día lo que se está haciendo por parte de la derecha de nuestro país es legislar de manera apresurada y con datos que no se sostienen, esto con un único objetivo: traspasar rápidamente recursos de todos los chilenos y chilenas a las personas más ricas de nuestro país”, afirmó.
En la misma línea, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que el Gobierno “insiste en beneficiar al 1% más rico del país” mientras se anuncian recortes y ajustes en programas sociales.
La parlamentaria también criticó directamente la advertencia de Quiroz respecto al uso de decretos.
“No vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni amenaza velada para imponer un modelo de más explotación, menos Estado y menos desarrollo social”, señaló.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri advirtió sobre los riesgos del proyecto y cuestionó la postura del Ejecutivo.
“No están administrando una empresa: están gobernando y administrando los recursos de millones de personas”, afirmó.


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