Bukele exhibe a miles de presos como una demostración de poder sobre las maras

La puesta en escena es impresionante. Las cámaras enfocan a centenares de hombres que, vestidos solo con ropa interior blanca, abandonan las cárceles de El Salvador para ser trasladados en autobuses hasta el que es el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele: el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”.

Ha sido él mismo quien ha compartido el vídeo que muestra cómo en la madrugada del viernes integrantes de las pandillas que han sembrado el terror en el país centroamericano son sacados de sus celdas por oficiales penitenciarios, esposados y obligados a caminar con el cuerpo agachado, suben a los autobuses y llegan hasta la nueva prisión de máxima seguridad, donde han sido encerrados, en una demostración de poder contra las llamadas maras. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”, ha afirmado el mandatario salvadoreño.

El vídeo comienza con los hombres corriendo con las manos en la nunca, los rostros desconcertados, escuchando las órdenes de sus carceleros. Los pandilleros se sientan en los enormes patios de las prisiones, uno pagado al otro, hasta que el pabellón se llena y muestra una impactante imagen de hombres descamisados, una enorme masa humana de cuerpos, cabezas rapadas, brazos y espaldas tatuadas. Una vez que todos han bajado de sus celdas, la nueva orden es emprender la carrera en fila hasta los autobuses, ahora con las manos a la espalda, esposados.

El traslado de 2.000 pandilleros a la cárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno en tan solo siete meses ha generado una nueva ola de críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente desde que decretó el estado de excepción en El Salvador como parte de su estrategia de seguridad. El Ejecutivo ha capturado a más de 60.000 pandilleros y cierra el cerco contra sus liderazgos, pero en el camino las autoridades han cometido fuertes violaciones a los derechos humanos.

Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch (HRW) revela que se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.