Más de 6 mil trabajadores y ejecutivos deberán restituir cerca de US$14 millones tras una corrección en las cifras de producción de 2025. Desde Chuquicamata advierten movilizaciones y acusan que los trabajadores no pueden pagar por errores internos de la estatal.
Un nuevo foco de tensión laboral golpea a Codelco luego de que la empresa estatal confirmara la devolución de bonos pagados a trabajadores y ejecutivos por metas de producción de 2025 que finalmente no se habrían cumplido tras una auditoría interna.
La medida afecta a más de 6.000 funcionarios de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, quienes deberán restituir un monto cercano a los US$14,3 millones. El conflicto se originó luego que la minera corrigiera sus cifras de producción, tras detectar una sobreestimación de aproximadamente 27 mil toneladas de cobre.
Según explicó la compañía, parte del material contabilizado inicialmente como producción final no cumplía con los requisitos internos para ser considerado producto terminado, obligando a recalcular los indicadores que sirvieron de base para el pago de incentivos.
La rectificación redujo la producción total de la estatal en cerca de un 2%, pasando de más de 1,33 millones de toneladas a poco más de 1,30 millones durante 2025.
La decisión provocó molestia inmediata entre las organizaciones sindicales. Alberto Muñoz, dirigente del sindicato N°1 de Chuquicamata y representante de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), cuestionó duramente la medida y advirtió un creciente clima de tensión dentro de la empresa.
“El trabajador no tiene culpa de nada. Si hay errores, no son de los trabajadores. No hemos tenido ninguna conversación con la administración. Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer”, señaló el dirigente.
Las declaraciones abrieron la posibilidad de futuras paralizaciones o protestas si la estatal insiste en concretar la devolución sin alcanzar acuerdos con los sindicatos.
Desde la administración, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, sostuvo que el proceso debe desarrollarse “con gradualidad y apego a derecho”, argumentando que los pagos fueron realizados sobre cifras que posteriormente fueron corregidas por la auditoría.
El caso ya comenzó a generar repercusiones políticas. En el Congreso se evalúa la creación de una comisión investigadora para revisar el contenido del informe interno y el sistema utilizado por la minera para calcular incentivos y metas de producción.
Mientras tanto, el conflicto amenaza con transformarse en una nueva crisis laboral para la principal empresa estatal del país, en medio de cuestionamientos por la gestión interna y el manejo de las cifras productivas.
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