Cuando el sistema falla: el espejismo técnico del Sistema Nacional de Inversiones

Por: Ximena Sepúlveda Varas

El conflicto en torno la reciente aprobación del proyecto Subestación Quepe, en la comuna de Freire, es un caso más —pero no uno cualquiera— en una larga cadena de controversias que reflejan un problema mayor: el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) en Chile está estructuralmente obsoleto para responder a las complejidades del siglo XXI.

Creado en 1975 en plena dictadura militar y diseñado bajo un paradigma tecnocrático de eficiencia económica, el SNI sigue operando como si el desarrollo fuera un acto unilateral del Estado y las empresas, reduciendo la complejidad sociocultural a un conjunto de variables parametrizables y subordinando la voluntad territorial a un problema de gestión. Así, la Consulta Indígena, que debiera realizarse desde la prefactibilidad —cuando aún es posible replantear la raíz de un proyecto—, se ejecuta en etapas avanzadas como el diseño o incluso la ejecución. Es decir, cuando todo está decidido y la participación se vuelve simulacro.

La evaluación ambiental no escapa a esta lógica. La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) aprobó por unanimidad el proyecto de Quepe, aun con rechazo comunitario explícito. ¿Cómo ocurre esto? Porque los representantes de los servicios públicos votan según criterios estrictos de competencia sectorial. No pueden emitir juicios amplios sobre impactos territoriales, culturales o históricos, aunque estos sean evidentes. Es decir, la institucionalidad no les permite ver el bosque: solo algunos árboles.

Este sesgo estructural genera una paradoja perjudicial: proyectos técnicamente “aprobados” terminan siendo detenidos por los tribunales, que deben resolver lo que el sistema político no pudo gestionar. Según Insunza (2023), al 29 de mayo de dicho año, los sectores con más proyectos judicializados fueron energía (29%), inmobiliario (18%), infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%), evidenciando la creciente conflictividad en las disputas legales. Así, mientras el aparato técnico avanza en automatismo, la legitimidad se erosiona, la inversión se vuelve incierta y el Estado queda atrapado entre comunidades indignadas y empresas frustradas.

Frente a esto, se suele responder con la idea de “destrabar” inversiones reduciendo requisitos o acortando plazos: la llamada “permisología”. Pero eso sería insistir en el error de origen. Lo que necesitamos no es menos Estado, sino un Estado más inteligente: capaz de evaluar integralmente, de anticiparse a los conflictos, de generar confianza. Eso solo será posible si reformamos el SNI desde sus fundamentos: dotándolo de una lógica que integre criterios técnicos, socioterritoriales y ecológicos, en diálogo con las comunidades y los ecosistemas.

La transformación del SNI es urgente no solo para destrabar inversiones, sino para redefinir el desarrollo como algo más que infraestructura. Hoy, el crecimiento real debe ser regenerativo: debe cuidar los ciclos del agua, los suelos, la biodiversidad, porque de ellos depende toda actividad humana. Como han planteado Acemoglu y Robinson (2012), no hay prosperidad sin instituciones inclusivas. En el Chile de hoy, eso pasa por reconocer que, sin respeto al territorio, no hay desarrollo.

Referencias:

• Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.
• Insunza, M. (2023, junio 19). Catastro del SEA da cuenta de que hay 65 proyectos judicializados por un monto de US$10.520 millones. La Tercera. Recuperado de https://www.latercera.com/pulso/noticia/catastro-del-sea-da-cuenta-de-quehay-65-proyectos-judicializados-por-un-monto-de-us10520-millones/FBX6GPV27NF7DKXLPKSYZQWDDE/