El gobierno chileno enfrentó una serie de advertencias ignoradas antes de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, un proyecto que inicialmente buscaba convertirla en museo, pero que terminó en un escándalo judicial. La compra, que involucraba más de 930 millones de pesos, ha captado la atención de figuras políticas como la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, quienes podrían estar en una situación conflictiva debido a la constitución chilena, que prohíbe que miembros del gobierno celebren contratos con el Estado.
En 2023, durante las conmemoraciones del golpe de Estado, surgió la propuesta de adquirir la casa de Allende para preservarla como museo. Sin embargo, desde el Ministerio de Bienes Nacionales comenzaron a surgir dudas sobre la viabilidad del proceso. La jefa de la División Jurídica, Macarena Díez, alertó sobre la falta de documentación y sobre el conflicto de interés generado por la cercanía política de las propietarias, Isabel Allende y Maya Fernández. Además, se señalaba que este proceso podría comprometer la transparencia y probidad del gobierno.
Otras figuras también expresaron preocupaciones sobre el impacto político y legal del proyecto. La directora del Servicio de Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, envió una minuta destacando las posibles implicancias de involucrar a figuras de alto rango como Isabel Allende y Maya Fernández. Pese a estas alertas, el gobierno siguió adelante con la compra, lo que derivó en una investigación por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, dejando al gobierno en una posición complicada.


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