El proyecto presentado por el Gobierno reduce en cerca de 86% los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que financia esterilizaciones, vacunaciones, microchips y otras prestaciones veterinarias en municipios del país. En La Araucanía, Villarrica realizó este año 1.500 esterilizaciones con recursos de este mismo programa, mientras Temuco estima que más de 59 mil perros y gatos permanecen en situación de libre deambular.
Durante horas, este martes, Chile siguió por televisión el destino de Morocho.
El perro quedó atrapado en medio del río Mapocho tras el aumento del caudal provocado por las lluvias en Santiago. Matinales y medios nacionales siguieron en directo los intentos por auxiliarlo hasta que el animal logró salir del agua y fue atendido por equipos de emergencia. Actualmente permanece bajo cuidado mientras se busca una familia que pueda adoptarlo.
El caso no tiene relación directa con el Presupuesto 2027 y sería incorrecto presentarlo como una consecuencia de las decisiones fiscales que se discuten actualmente.
Pero la enorme atención pública provocada por Morocho volvió a recordar una realidad que municipios y organizaciones enfrentan diariamente: animales abandonados, sin esterilización, sin identificación o que requieren atención veterinaria terminan demandando recursos públicos y privados.
Y precisamente uno de los principales programas estatales destinados a enfrentar ese problema aparece entre los mayores recortes del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027.
De $3.634 millones a solo $514 millones
El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), administrado por la Subdere, cuenta durante 2026 con aproximadamente $3.634 millones.
El proyecto para 2027 propone reducir esa asignación a alrededor de $514 millones.
La disminución alcanza aproximadamente 85,8%. En términos simples, por cada $100 presupuestados este año, quedarían cerca de $14 en la nueva asignación. Novena_Digital_Presupuestos_202…
No se trata de la eliminación de la denominada Ley Cholito, la Ley 21.020, que continuará vigente.
Lo que disminuye es uno de los principales programas públicos utilizados para implementar sus políticas.
Según la propia Subdere, el PTRAC permite financiar servicios veterinarios como esterilización, desparasitación y vacunación, además de sistemas de registro, educación en tenencia responsable e iniciativas de participación ciudadana en las comunas del país. El Fondo Mascota Protegida contempla además líneas para rescate, recuperación, reubicación y atención veterinaria primaria.
El ejemplo de Villarrica
La dimensión práctica del programa puede observarse directamente en La Araucanía.
En julio pasado, la propia Subdere informó que en Villarrica finalizaron 1.500 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, junto con la instalación de igual número de microchips.
El proyecto significó una inversión de $42,9 millones y fue financiado precisamente a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
Las atenciones alcanzaron a animales con propietarios, comunitarios y en situación de calle. Además, el 90% de las intervenciones se concentró en sectores cercanos al Parque Nacional Villarrica.
Por tanto, el PTRAC no corresponde únicamente a campañas comunicacionales: sus recursos llegan directamente al territorio mediante prestaciones veterinarias gratuitas.
Temuco: más de 59 mil animales de libre deambular
El problema adquiere todavía mayor dimensión en Temuco.
Durante este año, autoridades regionales estimaron que existen más de 59 mil perros y gatos en situación de libre deambular en la capital regional, escenario asociado a riesgos sanitarios, ambientales y a una creciente presión sobre los servicios municipales.
Precisamente debido a la magnitud del problema, el Gobierno Regional aprobó una inversión cercana a $849 millones para que el municipio ejecute un programa especial durante dos años.
La iniciativa contempla 20 mil esterilizaciones, vacunación antirrábica, microchips, manejo de animales de libre deambular y educación en tenencia responsable.
Es importante hacer una distinción: estos $849 millones corresponden a un proyecto financiado por el Gobierno Regional y no son los mismos recursos nacionales del PTRAC.
Sin embargo, el caso evidencia la magnitud financiera necesaria para enfrentar la sobrepoblación animal en una sola comuna.
Esterilizar no es únicamente una política de bienestar animal
La discusión tampoco se limita al cuidado de mascotas.
Los programas de control poblacional buscan evitar nuevas camadas, disminuir el abandono y reducir la cantidad de animales que permanecen sin supervisión en calles y sectores rurales.
La propia Municipalidad de Temuco calificó su iniciativa como una política vinculada tanto al bienestar animal como a la salud pública.
Una menor capacidad para esterilizar, vacunar o identificar animales podría trasladar mayores responsabilidades hacia municipios, organizaciones animalistas y particulares.
Sin embargo, todavía no es posible afirmar cuántas esterilizaciones o atenciones dejarían de realizarse específicamente como consecuencia del Presupuesto 2027. El proyecto continúa en tramitación y tampoco existe una equivalencia automática entre porcentaje de reducción presupuestaria y número de prestaciones.
La explicación del Gobierno
Desde la Subdere han defendido que la reducción de la nueva asignación no significa que toda la política deje de funcionar durante 2027.
El organismo ha señalado que existen aproximadamente $3 mil millones en proyectos ya adjudicados cuya ejecución continuará el próximo año. El Ejecutivo también plantea avanzar en pilotos de focalización, realizar un estudio de impacto y revisar el diseño del programa.
Eso significa que una parte de las iniciativas actualmente comprometidas seguirá ejecutándose pese a la disminución de la nueva partida.
La interrogante se concentra, entonces, en cuánta capacidad quedará para financiar nuevos operativos, proyectos municipales y transferencias durante 2027.
El programa sí ha sido evaluado
Otro punto de la controversia está en la evaluación del PTRAC.
Los registros oficiales de la Dirección de Presupuestos muestran que el programa recibió en 2019 una Evaluación de Programas Gubernamentales que terminó con la clasificación de “Mal Desempeño”.
Sin embargo, posteriormente fue reformulado.
En el proceso de evaluación ex ante para 2022, Dipres lo calificó como “Recomendado favorablemente” y consignó que los cambios introducidos respondían precisamente a observaciones formuladas en la evaluación de 2019.
El monitoreo correspondiente a 2023 tampoco registró hallazgos pendientes en focalización ni en eficiencia y ejecución presupuestaria, aunque sí detectó un deterioro en uno de sus indicadores de eficacia respecto del año anterior.
Por ello, no resulta preciso señalar simplemente que el programa “nunca ha sido evaluado”. Distinto es discutir si existen suficientes evaluaciones de impacto capaces de establecer cuánto ha disminuido la población animal sin supervisión, las mordeduras o el abandono gracias a estas intervenciones.
El antecedente de Kast
La discusión también reactivó un episodio de la trayectoria parlamentaria del actual Presidente José Antonio Kast.
Cuando en mayo de 2017 la Cámara de Diputados votó el informe de Comisión Mixta que permitió despachar la futura Ley 21.020, la propuesta obtuvo 100 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones. El registro oficial de la Cámara confirma ese resultado y fuentes de la época identificaron a Kast como el único parlamentario que votó en contra.
Años después, el propio Kast justificó públicamente aquella decisión señalando que, a su juicio, se trataba de una “mala ley”.
El antecedente político existe, aunque no hay elementos que permitan establecer que el recorte presupuestario de 2027 responda a aquella votación de hace nueve años.
La discusión recién comienza
El proyecto de Presupuestos 2027 todavía debe superar la discusión parlamentaria, por lo que la disminución propuesta puede ser modificada.
La controversia, sin embargo, instala una pregunta que va más allá del bienestar animal.
Si el Estado reduce drásticamente los nuevos recursos destinados a prevención, esterilización y atención veterinaria, será necesario establecer quién asumirá el costo de controlar la sobrepoblación animal en las comunas.
En La Araucanía esa discusión no es teórica.
Villarrica acaba de utilizar este mismo programa para financiar 1.500 esterilizaciones y Temuco está destinando cientos de millones de pesos para enfrentar una población estimada de más de 59 mil perros y gatos de libre deambular.
El debate presupuestario deberá determinar ahora cuánto de esa capacidad preventiva seguirá financiándose desde el nivel central durante 2027.
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